La Cámara de Senadores trata hoy en su sesión ordinaria dos pedidos de ampliación presupuestaria para el Poder Judicial que totalizan más de G. 38.285 millones y ya cuenta con dictamen favorable para su aprobación, tras el estudio que se dio con la presencia del titular de la CSJ.
Ayer, la Comisión de Hacienda y Presupuesto recibió a César Diesel, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien expuso sobre los dos proyectos referentes al presupuesto de la citada institución.
El primer proyecto tratado fue el Que modifica el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025, aprobado por Ley Nº 7408 del 30 de diciembre de 2024, Corte Suprema de Justicia”. El ministro Diesel explicó que la propuesta responde a una modificación en la estructura del anexo de personal, con el objetivo de realizar ajustes derivados de la implementación del Registro Unificado Nacional (RUN) y alcanzar equiparaciones necesarias.
La solicitud permitirá la regularización de categorías en el Anexo del Personal y el traslado de cargos a otros programas en el presente ejercicio fiscal.
Según detalló, será financiada mediante la eliminación de cargos vacantes y la utilización de créditos presupuestarios de cargos jerárquicos dentro de los objetos del gasto: Sueldos y gastos de representación.
En ese contexto, el senador Líder Amarilla señaló que se trata de un trámite meramente administrativo, que implica un ajuste de G. 104.546.667, por lo cual recomendó la aprobación del proyecto. A su vez, el senador Natalicio Chase manifestó su apoyo, destacando la claridad de la exposición realizada por el ministro Diesel.
Aumentazo. Posteriormente, se analizó el proyecto de Ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025, aprobado por Ley Nº 7408 del 30 de diciembre de 2024, Corte Suprema de Justicia”, por un monto de G. 38.180.500.000.
Al respecto, el presidente de la CSJ, César Diesel, explicó que los recursos estarán destinados a financiar gastos en servicios personales, no personales, bienes de consumo e inversión física. Precisó que la fuente de financiamiento corresponde a recursos institucionales (Fuente 30), indispensables para cumplir con obligaciones pendientes ante la falta de créditos presupuestarios suficientes.
