La Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia de la jueza de Lambaré, Isabel Bracho, quien hace poco fue imputada por supuestamente recibir USD 50.000 de coima del narcotraficante Walter Galindo. También la renuncia de la jueza de Ejecución de Villa Hayes, Rosana Rojas Benítez, denunciada por reiterativas faltas.
Primero se trató el pedido de renuncia
–por motivos particulares– de la jueza de Ejecución de la Circunscripción de Presidente Hayes, Rosana Rojas, quien está enjuiciada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que mañana se debía dictar sentencia en su contra.
El fiscal acusador Celso Ayala había pedido que ella sea removida del cargo, por mal desempeño de funciones, a raíz de un incumplimiento del horario laboral reiterado, que saltó luego de una auditoría a su Juzgado.
Su renuncia fue puesta a consideración de los ministros de la Corte y César Garay, también presidente del JEM recordó que mañana se debía tomar una decisión sobre la magistrada. Sostuvo que por “razones éticas y jurídicas” no aceptaba la renuncia, porque “sería el artilugio para eludir la potestad constitucional y legal que tiene el Jurado”.
El ministro Víctor Ríos, por su parte, habló que “la ética de un Estado de derecho es el respeto a la autonomía de la voluntad” y que “a un magistrado no le puede obligar a seguir siendo parte del Poder Judicial si ya no quiere ser parte”.
Finalmente, por mayoría de votos, se aceptó la renuncia de Rojas y se dejó constancia de que fue en vísperas de la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Jueza suspendida por supuesta coima
En cuanto a la jueza Isabel Bracho, suspendida sin goce de sueldo por la misma Corte, imputada por supuestamente recibir coima, también renunció para acogerse a la jubilación.
La jueza Isabel Bracho está procesada junto a la ex fiscala Egidia Gómez (hermana del diputado fallecido Eulalio Lalo Gomes) y la actuaria Ruth Ferreira, por supuestamente beneficiar, a cambio de dinero, a Walter Galindo, quien ayer fue condenado a 19 años de prisión por narcotráfico y posesión de armas.
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El hecho (coima), que se descubrió a través de interceptación de llamadas, habría ocurrido entre mayo y diciembre de 2021.
En una llamada entre Walter Galindo y su abogado Crispín Rojas, el profesional le dijo que “estaba seguro que lograría sacarlo (de la cárcel)”, ya que fue supuestamente informado por la jueza que ella iba a acceder a su petición.
