20 dic. 2025

La ciudadanía tiene derecho a vivir en un ambiente seguro

Resultará inútil de parte de las autoridades intentar negar que se encuentran rebasadas ante los diversos hechos de inseguridad que afectan a la ciudadanía. Harían bien al mismo tiempo en admitir que la situación de crisis económica, de representación y también social son detonantes en cuanto a crear una cierta tensión. Queda bastante claro que las acciones y estrategias del Gobierno no están siendo efectivas, y una vez más, es la ciudadanía la principal afectada frente a la inoperancia e indiferencia de quienes gobiernan el país.

Hubo un tiempo en el que el centro de Asunción era el espacio donde se congregaba la población, un espacio de referencia para las actividades comerciales y sociales.

La calle Palma, con sus poco más de diez cuadras, no solo era un símbolo para quienes vivían o trabajaban en la ciudad; con frecuencia se convertía en peatonal con escasa resistencia por parte de los comerciantes. Lucía también icónicas tiendas y restaurantes, y servía como el espacio tanto para la recreación, la celebración deportiva como para la protesta ciudadana.

El paso del tiempo, la falta de proyectos comunales y los cambios de enfoque de la economía y los negocios colaboraron para convertir al centro histórico de nuestra capital en lo que es actualmente: Una ruina. Asunción es hoy víctima de un proceso de abandono por parte de las autoridades nacionales y municipales. Es una ciudad fantasma, sucia y peligrosa. Cuando se apagan las luces de las oficinas públicas, las escasas tiendas, negocios y restaurantes que quedan, bajan sus cortinas, pues cuando llega la noche, se multiplican los peligros.

Los datos oficiales señalan que, solo en los primeros 20 días del mes de setiembre, la Comisaría 3ª Metropolitana recibió un total de 58 denuncias de robos, hurtos y asaltos ocurridos en el microcentro. Aunque las autoridades nieguen la realidad e intenten desmentir que en la capital no hay zonas rojas, la realidad contradice a diario el discurso oficial.

Quienes deben circular por el microcentro ya sea por cuestiones de trabajo o estudio así lo pueden corroborar. “Las calles son peligrosas, ya sea porque hay mucha gente adicta que recorre o por la oscuridad. En lo posible, quiero venir acompañada, pero a veces mi amiga sale antes del trabajo y camino sola; entonces lo que más quiero es subirme al colectivo”, comentaba una joven trabajadora.

Para resolver el agudo problema de inseguridad y los elevados niveles de violencia urbana, aumentados por la crisis económica y también de representación que nos afecta, las autoridades deberían en primer lugar asumir el problema y comprometerse a encontrar soluciones, pues con ignorarlos los problemas no desaparecen.

Las soluciones serán complejas, pues es un problema complejo.

Se debe hacer de Asunción nuevamente una ciudad habitable. Según el censo de 1982, el microcentro tenía 50.000 habitantes, y hoy la población no llega a las 5.000 personas. Sin embargo, se cuenta con impresionantes alternativas de vivienda, casas y edificios deshabitados que en vez de albergar trabajadores, empleados y estudiantes, sirven de refugio a maleantes y adictos. Es inadmisible el desperdicio que suponen esas viviendas; y es injustificable que en las condiciones en que se encuentra el centro siga siendo caro vivir en Asunción y, en particular, en el centro.

El problema del aumento de las adicciones y la “invasión” de esas personas marginadas, denominadas chespi, deberían ser objeto del tratamiento de las políticas públicas no solo de seguridad, sino fundamentalmente de Salud, Educación y Trabajo. No se puede ignorar que estas personas, la mayoría de ellas adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes, son paraguayos y paraguayas que no han tenido oportunidades en la vida. El dato oficial que señala que nueve de cada diez hechos de violencia son cometidos por menores de 25 años, consumidores de estupefacientes, no es un dato ocioso; debería ser el punto de partida para definir las políticas públicas.

El Gobierno debe dejar de perder el tiempo y priorizar las acciones que supongan no solo resolver los problemas urgentes, sino sobre todo dar al ciudadano calidad de vida.

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