Según The Times, documentos facilitados por la CIA al Reino Unido prueban que Huawei, que ambiciona suministrar tecnología clave a las redes de telefonía móvil 5G en ese país, recibió fondos procedentes del Ejército Popular de Liberación, de la Comisión de Seguridad Nacional China y de la red de inteligencia estatal de ese país.
A principios de año, EEUU compartió esa información con el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, sus socios en la alianza que mantienen en materia de inteligencia (el llamado Club de los Cinco Ojos o Five Eyes Club).
El diario británico señala que en China, por ley, las empresas están obligadas a cooperar con sus sucursales de seguridad, lo cual hace temer a los críticos que se podría facilitar la instalación de algún acceso por la puerta de atrás en el software, permitiendo espiar o alterar las comunicaciones británicas.
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El Gobierno británico tiene intención de revisar sus planes de introducir en este país tecnología 5G en el próximo Consejo de Seguridad Nacional.
Esa revisión gubernamental tiene como objetivo asegurar que nadie (ninguna compañía de telecomunicaciones) se vuelve demasiado poderosa, según reveló otra fuente oficial del Ejecutivo.
En este sentido, The Times recuerda que el pasado mes el centro de ciberseguridad nacional de este país, el GCHQ, advirtió de que el Gobierno tendría dificultades para gestionar los riesgos de seguridad que plantea la empresa china tras haber detectado problemas significativos y preocupantes con su software en el Reino Unido.
Paralelamente, una fuente de la inteligencia estadounidense indicó que las agencias norteamericanas creen que el Ministerio chino de Seguridad Nacional -su principal organización de espionaje- ha aprobado la financiación de Huawei por parte del Gobierno chino.
Por ello -agrega esa fuente- permitir a Huawei vender su tecnología 5G a cualquier miembro del citado Five Eyes Club es problemático pues China cuenta con leyes de inteligencia y seguridad nacional que fuerzan a las empresas a ayudar al ejército chino.
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Huawei ha insistido en que es una empresa privada, independiente de cualquier influencia del Gobierno chino y en repetidas ocasiones ha negado que pueda representar un riesgo para la seguridad.
El gigante chino, cuya sede se encuentra en Shenzhen, considera que estas son acusaciones sin fundamento y sus ejecutivos sostienen que el Estado chino nunca les ha pedido que recaben información y que una petición así sería rechazada categóricamente.
