Recordemos que en octubre pasado, un grupo de jubilados se habían manifestado con pancartas y banderas frente al Palacio de Justicia, en Asunción, para denunciar que fueron víctimas de estafas por dos abogadas que les habrían ejecutado pagarés con las cuentas ya canceladas, de la quebrada Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (Amuclin).
Sin embargo, hasta el momento, ni siquiera obtuvieron sus finiquitos. Luciana Bernardet, la enfermera jubilada que denunció que ya le descontaron unos 41 millones de guaraníes de su jubilación, más G. 10 millones de honorarios, dijo a ÚH, que hasta ahora espera su finiquito.
Esta explicó que su abogado Gustavo Dávalos ya presentó varios urgimientos al juez en lo Civil y Comercial del vigésimo segundo turno, Martín Diego Acosta Conde, pero hasta el momento no dictó el finiquito del juicio.
La cuestión es que siguen descontándole la suma mensual de G. 1.750.000, los cuales Bernardet reclama que deben ser devueltos, ya que había pagado la totalidad de la deuda en cuestión. El monto que reclama que debe ser devuelto es de G. 21 millones.
Esta explicó que cada ocho días van al Palacio de Justicia para verificar si ya salió la resolución, pero le dicen que “está en trámite”, pero no sale la resolución.
Remarca que ella ya presentó todos los documentos que certifican que la deuda ya fue cancelada, pero igual siguen los descuentos.
DENUNCIADAS. Los jubilados habían denunciado a las abogadas Lourdes Rocío Aranda y Julia Mabel Rojas, quienes supuestamente pertenecen a una rosca mafiosa que opera con documentos vencidos o ya cancelados.
No obstante, tampoco hubo ninguna acción contra ellas, dice Bernardet, pese a que otro de los afectados denunció penalmente a las dos profesionales.
Las víctimas que están afectadas refieren que las abogadas tuvieron que actuar en connivencia con funcionarios del Poder Judicial para poder ejecutar los documentos ya finiquitados, por la forma en que se dieron los juicios, ya que no fueron notificadas y se dieron cuenta recién cuando les descontaron.
En el caso de la enfermera jubilada Luciana Bernadet, esta refirió que fue la abogada Lourdes Rocío Aranda la que inició un proceso judicial por el cobro y ejecución de su pagaré. Exhibió incluso su certificación de que canceló totalmente la deuda.
Indicó que incluso fue a conversar con la abogada y llegaron a un acuerdo donde la mujer abonó la suma de G. 3 millones para detener todo, pero igual le vienen descontando desde noviembre del año pasado.
OTROS CASOS. Varios casos similares se dieron. Otra funcionaria jubilada, por su parte, había denunciado que en el mes de diciembre del 2023 terminó de pagar G. 50 millones, pero continuará debiendo G. 5 millones por una cuenta que no sabe de dónde apareció.
Una funcionaria del Poder Judicial también reclama que le hicieron un juicio ejecutivo por una deuda que ya había sido abonada en su totalidad, por lo que realizó la denuncia ante el Ministerio Público.
Los jubilados denuncian que el Poder Judicial no hace nada respecto a las denuncias de la estafa con los pagarés.
El caso es que las mismas son demandadas por las deudas, las que son abonadas en su totalidad, pero luego vuelven a ser demandadas por los mismos pagarés, que nunca les fueron entregados.
Sin embargo, la mayoría de los juicios no son notificados a los deudores, pese a que esto es una condición esencial para que las acciones ejecutivas puedan continuar.
