El ex legislador del movimiento Honor Colorado, tiene la libertad ambulatoria, a más de la prohibición de salida del país, y una fianza real de G. 300.000.000 sobre un inmueble que fue ofrecido por la defensa.
Pastor Soria Melo estuvo acompañado del abogado Óscar Tuma, quien refirió que se daban todos los elementos para que el juzgado conceda una libertad ambulatoria, lo que finalmente se dio en la diligencia.
El juez tuvo en cuenta que no existe peligro de fuga ni de obstrucción de las investigaciones, por lo que concedió la libertad ambulatoria para el mismo. La resolución se dio en la audiencia lo que fue comunicado personalmente al encausado.
A raíz de la imputación, Pastor Emilio Soria Melo, fue destituido de la Senave, donde se desempeñaba como presidente.
En el caso, la fiscala Yeimy Adle, además del ex congresista, también imputó a los ex funcionarios, Miguel Ángel Báez Soria y Martín Luis María Lezcano Villalba, de los funcionarios Herminio David Batte Martínez, Juan José Lezcano Del Puerto y Sergio Marcos Rodríguez Escobar.
Igualmente, habían sido imputados terceros ajenos a la citada institución, identificados como el intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas Ramírez; Víctor Manuel Leiva Cardozo, Ramona Ysabel Arce Ramírez, Plinio Alcibiades Gamarra Morel y Eladio Figueredo.
Los hechos investigados
Según la fiscala, se habla de presuntos hechos de cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, asociación criminal, extorsión y lavado de dinero, con diferentes modalidades de participación, como autoría, instigación y complicidad.
Conforme decía la agente fiscal, estas personas presuntamente habrían cobrado millonarias sumas de dinero, exigidas a los importadores de productos frutihortícolas, a cambio de emitir las autorizaciones de Acreditación Fitosanitaria de Importación – AFIDI.
En el caso, el 4 de marzo de 2024, Karen Leticia Leguizamón Leguizamón, en su carácter de presidenta de la “Asociación con Capacidad Restringida sin fines de Lucro de Importadores y Comerciantes de Papas y Cebollas – ASICOPACE” del Mercado Central de Abasto de Asunción, formuló una denuncia señalando que funcionarios del SENAVE vendrían exigiendo a comerciantes del Mercado de Abasto de Asunción pagos indebidos.
Remarcó que lo que se solicitaba oscilaba entre G. 10.000.000 como condición para autorizar la expedición de cada certificado de Acreditación Fitosanitaria de Importación, conocido como “AFIDI”; documento imprescindible para la importación de productos frutihortícolas considerados de “rubros sensibles”, como tomates, papas y cebollas.
Sepa más: Peña destituye a Pastor Soria del Senave tras imputación fiscal por supuesta coima y lavado
Conforme con la investigación del Ministerio Público, se tiene que entre diciembre de 2023 y abril de 2024, varios importadores se encontraron con obstáculos internos en el SENAVE para la obtención de las Acreditaciones Fitosanitarias de Importación – AFIDI, siendo víctimas de demoras injustificadas.
Asimismo, dice la imputación que en coincidencia con las demoras, los importadores habrían recibido llamadas y visitas tanto de funcionarios del SENAVE, como de terceros ajenos a la institución; quienes tenían acceso y conocimiento de todos los datos que los importadores consignan en la Ventana Única de Importador (VUI) al momento de solicitar las AFIDI.
Adle apunta en su imputación que los imputados habrían cobrado millonarias sumas de dinero, exigidas a los importadores de productos frutihortícolas, a cambio de emitir las autorizaciones de Acreditación Fitosanitaria de Importación – AFIDI, cuyo costo oficial es de G. 17.715; requisito indispensable para el ingreso al país de los productos frutihortícolas.
Con ello, ante la amenaza de demoras injustificadas por parte de dichos funcionarios del SENAVE, se veían compelidos al pago a fin de evitar la pérdida de cuantiosas sumas de dinero, por la descomposición de los productos que tenían expuestos a las altas temperaturas de la época, en la frontera de Puerto Falcón, pendientes del ingreso legal al país.
