La decisión, impulsada por la administración del intendente Luis Bello junto con el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y de Urbanismo y Vivienda (MUVH), implica que la Comuna entregue una fracción de 3,32 hectáreas (en un principio destinadas al desarrollo inmobiliario) para el proyecto “Eco-distrito inclusivo”, el cual cuenta con una inversión de 52 millones de dólares financiada por el Banco Mundial.
Esta operación ha sido calificada como un “intercambio” o un ajuste técnico, ya que, según explicó la asesora de la Intendencia, Melissa Ramírez, no se trata de una entrega nueva sino de una “modificación a algo que ya se aprobó anteriormente” para permitir que “ingresen dentro de esa superficie mayor cantidad de viviendas” y lograr una “mejor integración” con las ya existentes “Casitas de Colores”.
Sin embargo, la aprobación en la Junta no estuvo libre de críticas por parte de concejales que ven en este acuerdo un perjuicio patrimonial para el municipio.
El edil Humberto Blasco (PLRA) recordó que para mejorar ese inmueble, el gobierno municipal emitió bonos asegurando a los inversores que era un negocio seguro con respaldo inmobiliario. Ahora, al cederlo para fines sociales, se descarta la rentabilidad prometida.
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“A los contribuyentes se les dio tranquilidad porque era una inversión que se financiaba sola”, recordó Blasco. “¿Quién se hace cargo de la deuda? (...) Hoy te cede la casa y nosotros nos quedamos con la hipoteca”, añadió.
Según sus cálculos, el costo de las mejoras (cerca de USD 4 millones) representa menos del 4% del proyecto total financiado por el Banco Mundial. Por este motivo, el edil propuso que el Gobierno nacional asumiera la deuda para liberar a los asuncenos de una carga que “no les corresponde cargar”.
“Yo no planteo ceder gratuitamente, sino que el Gobierno asuma, ni siquiera a costo de mercado porque la tierra se pude subsidiar. Pero el costo de las mejoras. Y que libere a la Municipalidad y a los contribuyentes de una deuda que está proyectada hasta el 2035", observó el concejal.
Blasco fue uno de los principales objetores de esta adenda, atendiendo, sobre todo, a la inversión realizada en el terreno y a su destino original como escenario de inversión inmobiliaria.
Lamentó que no se diera lugar a una audiencia pública para tratar este intercambio de tierras, pero informó que pudo reunirse con habitantes de la Chacarita y el Comité de Iglesias, que le manifestaron su postura sobre la situación.
“En la última sesión de la comisión de legislación, pudimos conocer de forma directa la visión que ellos tienen y también pudieron conocer la visión que yo tengo”, dijo, y planteó que la Comuna ceda el 100 % de las tierras sectorizadas en los planos del proyecto del MOPC, el MUVH y el Banco Mundial.
“Ese territorio debería ser aprovechado para que se pueda establecer servicios de apoyo, como por ejemplo, la estación de buses eléctricos, la estación del metrobús que tiene que hacerse, la estación del tren de cercanías.
En ese sector se tenía que haber implantado el policlínco municipal, establecer fábricas, industrias, comercios que hagan de soporte laboral para la gente que va a afincarse a ese sitio”, expuso.
Remarcó que el “remanente” del territorio, previsto para la inversión inmobiliaria, ya no tendría un sentido comercial, atendiendo al intercambio solicitado para el proyecto del eco-distrito.
Por su parte, el edil Félix Ayala (PLRA) advirtió sobre la vulnerabilidad de estos activos municipales frente a distintos frentes, tanto climáticos como políticos.
“Dicen que a finales de 2026 vendrá la crecida. Por lo tanto, nuestras 10 hectáreas, que nunca nos entregaron 10, nos entregaron 8, están bajo riesgo de ser regaladas ya sea por una expropiación”, advirtió.
También mencionó que Asunción, al encontrarse en periodo electoral, es escenario de políticos que compiten y “van a estar prometiendo tierras como de hecho hacen algunos candidatos a concejales”, señaló.
El edil describió la operación como un intercambio basado en criterios “acartonados” del Banco Mundial, criterios que “ignoran la realidad local”.
Pidió que se busquen revalorizar los terrenos remanentes y “no regalarle al ministerio ni al Gobierno” la totalidad de las fracciones, con la esperanza de que en el futuro puedan ser subastadas a mejor precio, una vez que la zona cuente con mayor infraestructura.
Por tal motivo, solicitó aprobar la adenda con un nuevo artículo que encomiende a la intendencia “llevar adelante las gestiones para incluir el relleno de 14 hectáreas (contempladas en el proyecto financiado por el Banco Mundial), para incluir el traslado de la planta asfáltica”, en razón de que las tierras se rentabilizarían con mayor dificultad si se mantiene una planta contaminante en la zona.
En defensa del dictamen, el concejal Nasser Esgaib (ANR-HC) recordó que el convenio con el MOPC data de 2019 y que postergar la aprobación significaría seguir retrasando una inversión multimillonaria del Gobierno central.
Finalmente, con 12 votos a favor por parte de la mayoría colorada de la Junta Municipal, se ratificó el dictamen de la Comisión de Legislación, frente a los 7 votos que obtuvo la moción con los agregados de Ayala y Blasco.
