En esta ocasión, el beneficiado por la magistrada Carina Ruiz Díaz con la prisión domiciliaria es Ariel Acosta Rojas, detenido en enero del 2022, junto a Júnior Insfrán Acosta y Maglio Larré Benítez, con 350 kg de marihuana, pesos argentinos, dólares americanos, armas de fuego, vehículos y otros.
El hombre es considerado por los agentes antidrogas y de investigación, como un importante miembro de la estructura que enviaba grandes volúmenes de marihuana, principalmente a la Argentina.
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El argumento utilizado por la jueza para otorgar la medida es que había un hecho, una delación; sin embargo, la magistrada olvidó que esa delación de la que habla la ley (aminorar la sanción penal), corresponde dictarse luego de un juicio oral y público, y no por el Juzgado de Garantías. Además, debe corroborarse previamente la efectividad de la delación y su incidencia en el proceso.
La delación por parte del imputado solo podrá hacerse bajo autorización judicial, según el artículo 97 de la Ley 1881/2002.
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Por su parte, el fiscal antidrogas Enrique Amadeo Díaz Alegre no se opuso a la medida, por lo que dejó a criterio y consideración de la magistrada dicho beneficio. Tampoco presentó apelación a la medida otorgada por la jueza.
Otro beneficio a un presunto narco
La magistrada ya había beneficiado con la prisión domiciliaria al peligroso criminal y narcotraficante Óscar Ramón Cardozo, alias King Kong, de 52 años, en la casa de una defensora pública de Caazapá.
Sin embargo, ocho días después el hombre violó la medida y fue ejecutado a balazos cuando salía de una carrera de caballos en el barrio Florida de Cambyretá, a bordo de una camioneta junto al esposo de la defensora pública de Caazapá.
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Cardozo, quien tenía tres procesos por homicidio en Paraguay y narcotráfico en Argentina, presentó un certificado de vida y residencia al día siguiente de su extradición a nuestro país.
Además, propuso garantías reales y arraigo fiable, que fueron considerados por la jueza Carina Ruiz Díaz para beneficiarlo con el arresto domiciliario.
Tras lo sucedido, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia ordenó una investigación preliminar contra la jueza.
