El magistrado decidió remitir el documento de urgencia presentado por la Contraloría a la Corte Suprema de Justicia de modo que el organismo se expida respecto a si es o no constitucional que el organismo audite los fondos sociales de Itaipú.
En su fundamento, el juez Édgar Agustín Rivas reconoce que el requerimiento se ampara en la Ley N° 276/94, orgánica y funcional de la Contraloría General de la Republica. Esta normativa se pone en contraste con el marco normativo de la Itaipú, como entidad binacional.
Mientras que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) remitió el pasado lunes a la Contraloría General de la República las documentaciones de los gastos sociales de los años 2019 y 2020 en el marco del cumplimiento de la auditoría a las binacionales, el contralor Camilo Benítez recurrió a la Justicia para exigir a la Itaipú que permita que sus documentos sean auditados.
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La acción de urgencia presentada ante el Poder Judicial por la Contraloría es a los efectos de que se dé una orden para la auditoría, bajo apercibimiento de que se van a allanar las oficinas y utilizar la fuerza pública de ser necesaria.
Representantes de la oposición en el Congreso denuncian desde hace tiempo el uso irregular de los llamados fondos sociales de las entidades binacionales. Señalan que estos recursos son utilizados para fines políticos por el Gobierno de turno.
Recientemente el Congreso aprobó una ley para que mientras dure la emergencia por el Covid-19 los fondos sociales de las binacionales puedan ser destinados al Ministerio de Salud. Sin embargo, la reglamentación del Ejecutivo desvirtuó la intención de la ley.
