La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) remitió ayer a la Contraloría General de la República las documentaciones de los gastos sociales de los años 2019 y 2020 en el marco del cumplimiento de la auditoría a las binacionales. En tanto, el titular del ente contralor, Camilo Benítez, recurrió a la Justicia para exigir a la Itaipú, mediante una medida cautelar, la misma apertura para transparentar el rubro.
El titular de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, volvió a remarcar que nunca se cerró a los controles, por lo que envió las documentaciones tras hablar con su par de Argentina, Ignacio Barrios Arrechea. Además, prometió enviar las documentaciones de los gastos que se dieron en los gobiernos de Fernando Lugo, Federico Franco y Horacio Cartes.
Informó que se está elaborando la respuesta al pedido de informe del Senado sobre nombramientos y contratos, desde el gobierno de Lugo.
Por su parte, el contralor señaló que la recepción de los documentos de la EBY se dio bajo constancia de que queda una revisión documental.
“No podemos dar fe de que se hayan presentado todos los respaldos documentales que se han solicitado. Si se precisan más se estará solicitando y si nos encontramos con una negativa, se recurrirá a la Justicia”, sostuvo Benítez.
El director jurídico, Darío Ortega, mencionó que la verificación está a cargo de la Dirección General de Control Gubernamental.
Duarte Frutos remarcó que nunca se opuso al control y que si se precisan más documentaciones, las estará remitiendo, ya que se designó a los enlaces de las instituciones. “Nunca me opuse al control y lo que hicimos fue arrimar los documentos como ser los convenios con las gobernaciones, con las municipalidades, convenios con Salud y Educación”, áreas en las cuales fueron usados parte de los recursos, según indicó.
“Estamos enviando documentaciones de las transferencias en virtud de los convenios por valor de G. 75.000 millones”, sostuvo.
Citó también que se remitieron los listados de beneficiarios de becas, de proyectos productivos, nombres de los campesinos beneficiados con proyectos productivos y listados de beneficiados de salud donde se pagó a enfermeras y médicos en los departamentos de la zona de influencia de la EBY.
Itaipú. Benítez refirió que desde el inicio de las auditorías “se tuvo una negativa total de Itaipú, y en consecuencia hemos pedido una medida de urgencia al Poder Judicial a los efectos de que nos den una orden para la auditoría, bajo apercibimiento de que se van a allanar las oficinas y utilizar la fuerza pública de ser necesario”. El caso ya fue sorteado y el juez Édgar Rivas debe definir si se da lugar o no a la medida cautelar
