Según la imputación presentada por los fiscales Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González, se habla de que se habrían desembolsado sumas de dinero correspondientes a los fondos de Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro (recursos propios 2020), como pagos por servicios que no habrían sido realizados, con lo que se causó el citado perjuicio patrimonial.
El juez de Delitos Económicos ya analiza la imputación planteada por el Ministerio Público y si esta cumple con los requisitos legales, será admitida por el magistrado. Además, deberá fijar fecha para la aplicación de las medidas cautelares correspondientes.
Además del ex intendente Miguel Prieto, también fueron imputados Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social de la Comuna, aunque la Fiscalía le tiene como actual intendente de Ciudad del Este; Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas, y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero de la Comuna.
Asimismo, la imputación es contra Juan Esteban Quiroga Cañete, presidente de la Subcomisión de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares; Marcos David Galeano Fernández, secretario de la Subcomisión de Apoyo; Mirta Elizabet Battochi Oviedo, tesorera de la Subcomisión; Lumma Magdalena Silva Battochi, presidenta de la Subcomisión de Voluntarios; José Augusto Cárdenas Ugarte, secretario de la Subcomisión.
Igualmente, están Aníbal Adrián Pérez Martínez, tesorero de la Subcomisión de Voluntarios, y Adriana Paola Pérez Martínez, síndica suplente de la Subcomisión.
Respecto a todos ellos, los cargos son por supuesta lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, mientras que contra Prieto se agrega el cargo de presunta declaración falsa.
Según los fiscales, se cuenta con la sospecha de que en el 2020, la Administración municipal –a cargo de Miguel Prieto Vallejos– habría desembolsado sumas de dinero correspondientes a los fondos de Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro (recursos propios 2020), en concepto de pagos por servicios que no habrían sido realizados en la realidad y de esa manera habría causado un perjuicio patrimonial total de G. 311.580.000.
La citada subcomisión fue reconocida el 10 de junio de 2020, por el intendente, y con ello, comenzaron a realizar trámites para pagos de las obras, que finalmente nunca se realizaron, según la imputación.
La Fiscalía solicita la aplicación de medidas alternativas a la prisión, tales como la obligación de presentarse del 1 al 5 de cada mes ante el Juzgado; la prohibición de salir del país, sin previa autorización del Juzgado Penal, la prohibición de cambiar la dirección de su domicilio sin autorización del Juzgado y la prestación de una caución real adecuada, a más de cualquier otra medida a criterio del Juzgado.
Prieto ya tiene otros dos casos en los que está acusado y con pedido de juicio oral, en los que están pendientes la realización de la audiencia preliminar ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú.
