Los fiscales Marcelo Saldívar y Daniela Benítez solicitaron la reapertura de la causa por presuntas irregularidades en el Consejo Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) en la concesión y rebaja en el costo del canon.
Asimismo, requirieron el sobreseimiento de seis procesados, informó la periodista de Última Hora Liz Analía Acosta. Ellos son José Ortiz, titular de Conajzar; Raúl Silva, Carmen Alonso, ex directora general de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben); Omar Mongelos, Rubén Roussillon, ex gobernador de Presidente Hayes; y Ricardo Núñez Giménez, ex intendente de Villa Hayes.
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Este último es hermano del actual presidente del Congreso Nacional, Basilio Bachi Núñez.
Los hechos por los cuales se les investigó fueron lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, prevaricato y exacción.
En principio, el Ministerio Público aseguraba que se constataron muchas irregularidades en la concesión a la empresa Tecnologies Devenlopment of Paraguay (TDP SA) para la explotación de la Quiniela; la autorización a la firma I-CROP SA para la explotación de máquinas tragamonedas; y la reducción del 50% del canon en concepto de explotación de juegos de azar.
Los fiscales concluyen que no hubo ningún perjuicio patrimonial para el Estado como consecuencia de la firma del convencio entre Conajzar y la frima TDP SA.
Sobre el prevaricato, afirman que los ex funcionarios no han tergiversado el derecho, ya que el proceso licitatorio fue ratificado por la Procuraduría General de la República, Abogacía del Tesoro y la Presidencia de la República.
“La postura adoptada por los entonces miembros de la Comisión Nacional de Juegos de Azar ha sido ratificada por otros organismos que han determinado la regularidad de las actuaciones realizadas en el marco de la Licitación Pública N° 3/2019 que adjudica la concesión del juego denominado Quiniela”, expresa el documento.
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Asimismo, determinó que no hubo usurpación de funciones públicas, considerando que la conducta de los procesados se enmarcó en las atribuciones previstas en la Ley 1016/1997 y los decretos 6206/99 y 3083/15.
En cuanto a la disminución del canon, los fiscales entendieron que las resoluciones firmadas por los miembros de la Conajzar se hicieron con base en un dictamen de la Procuraduría, en el cual consideró se ajustaron a las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno en el marco de la pandemia del Covid-19 con la finalidad de mitigar los riesgos económicos.
