Durante una audiencia de imposición de medidas, el juez José Agustín Delmás dispuso la prisión domiciliaria para el ex gobernador de Central Hugo Javier González y otros implicados en la causa por el presunto desvío de unos G. 18.000 millones de la institución.
Además, en la ocasión, se impuso una caución real de G. 1.000 millones para el ex jefe departamental, quien llegó a la sede judicial esposado y con acompañamiento policial.
El magistrado Delmás explicó a través de los medios que son 49 las personas que están involucradas en esta causa y que la Fiscalía pidió arresto domiciliario para unas 23 de ellas, mientras que para las 26 restantes se solicitaron medidas sustitutivas o ambulatorias.
Señaló también que por la cantidad de procesados, las audiencias se llevan a cabo por parte. En ese sentido, dijo que las medidas impuestas este martes alcanzaron, además de González, a otras cuatro personas.
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Se trata de Javier González Rojas, Carlos Alberto Giménez, Luis Allende y Édgar José Zaracho. Todos estos procesados son investigados por los tipos penales de asociación criminal y lesión de confianza.
Este caso surgió en diciembre de 2021, tras un informe de la Contraloría sobre posibles inconsistencias en las transferencias de al menos G. 18.000 millones por parte de la Gobernación, realizadas a instituciones educativas y oenegés, como Plantemos Conciencia y la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP).
De acuerdo con lo que explicó el fiscal Juan Ledesma, dichas instituciones no presentaron rendiciones de cuentas y no existen documentos que respalden las transferencias.
Otra causa contra Hugo Javier
De esta manera, el político colorado seguirá con arresto domiciliario, debido a que dicha medida ya posee por otra causa. Según lo que maneja el Ministerio Público, en este caso autorizó en 2020 desembolsos por más de G. 5.000 millones sin siquiera tener proyectos o convenios a la vista.
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Posteriormente, en mayo del 2021, junto con otros implicados en el esquema, presentó ante la Contraloría General de la República una rendición de cuentas con facturas adulteradas para justificar los desembolsos.
Asimismo, cuando el caso ya tomó estado público y se abrió la causa, volvieron a presentar una rendición de cuentas, donde reemplazaron las facturas adulteradas y crearon convenios, aparentemente, con el fin de cubrir las documentaciones adulteradas.
