09 jul. 2026

Juez eleva a juicio oral caso contra la intendenta de Valenzuela

La intendenta de Valenzuela, Cordillera, Mirtha Fernández Yegros, deberá afrontar juicio oral por un supuesto desvío de G. 1.199 millones, según resolvió esta mañana el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia. Además, levantó la prisión que tenía y le dio arresto domiciliario.

16f30de3-7935-4916-809b-702d16c61e1e.jpg

Con libertad. La intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández Yegros, durante la audiencia preliminar, donde resolvieron que debe ir a juicio oral.

Foto: Gentileza.

El magistrado Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral la causa contra la citada jefa comunal a más de otros coprocesados por un supuesto millonario perjuicio. Se admitió la acusación fiscal solo por lesión de confianza y se excluyó el hecho de asociación criminal.

A más de Mirtha Fernández Yegros, también irán a juicio oral los coprocesados Cristian David Flecha Fernández, Carlos Samudio Sánchez, Aníbal Samudio Sánchez, Sergio Ariel Flechas Fernández, Maglio César Nelson Muñoz Díaz y Verónica Acosta.

Además, en la diligencia, la intendenta Mirtha Fernández Yegros también fue favorecida con el arresto domiciliario, con un permiso especial para mañana, para realizar trámites en la Comuna de Valenzuela, en el Departamento de Cordillera.

La acusada titular de la Municipalidad tenía prisión preventiva que fue dictada por el juez por las chicanas planteadas. Después, ya en la preliminar, la defensa solicitó que se levantara la prisión y que tuviera arresto domiciliario, con permiso para asistir a trabajar de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00. Incluso, ofreció fianza real de unos G. 1.400 millones en un inmueble.

Sin embargo, el magistrado solo levantó la prisión preventiva y dispuso el arresto domiciliario, sin el permiso para asistir a trabajar en la Comuna de Valenzuela.

Respecto al caso, Estigarribia admitió la acusación de la ex fiscala y actual jueza, Yolanda Portillo, defendida por el agente Néstor Coronel, por supuesta lesión de confianza, no así por el cargo de asociación criminal.

Lea más: Tras dos años y medio de chicanas, se realiza preliminar de intendenta de Valenzuela

En la causa, se le acusa a la intendenta de un presunto perjuicio de G. 1.199 millones, como pagos de obras que supuestamente nunca se realizaron.

Sin embargo, la intendenta, en su defensa, alega que todas las obras existen y que se trata de una persecución política, y que su pecado fue ganar tres veces la jefatura comunal, en los años 2010, 2015 y 2021.

La acusación fiscal apunta que, en su calidad de jefa comunal, autorizó supuestamente el pago de obras públicas, emitiendo cheques a nombre de personas ajenas a las empresas contratadas, utilizando fondos provenientes de royalties y Fonacide.

Estos cheques fueron cobrados por funcionarios municipales, sin que las obras fueran efectivamente realizadas. Incluso, parques infantiles habrían sido instalados en una propiedad privada y en veredas, pero recién dos años después del pago, presuntamente como una manera de justificar los desembolsos, según la Fiscalía.

Asimismo, alegan que figuraba también una construcción de empedrados con cunetas en varios sectores de Valenzuela, canalización, colocación de parques infantiles en plazas y en instituciones educativas; reparación de aulas, además de veredas que no se hicieron.

Más contenido de esta sección
Enterrados. Los huesos fueron hallados tras las obras en el penal.
La jueza de Garantías Diana Carvallo concedió las medidas alternativas a la prisión al diputado Mauricio Fabián Espínola Núñez, imputado por homicidio culposo tras protagonizar un accidente de tránsito, el 16 de mayo de 2026, con un motociclista que falleció varios días después.
El Tribunal de Sentencia condenó en juicio oral a un procesado por tráfico de drogas y asociación criminal, en una causa que tiene vinculación con el Primeiro Comando da Capital (PCC). La acusación fiscal derivó de la investigación por del caso de Ja’umina Fest, donde falleció la influencer Vita Aranda.
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, concedió las medidas alternativas a una funcionaria fiscal que fue imputada porque supuestamente pidió la suma de G. 1 millón para acelerar un dictamen del Ministerio Público, en un juicio sucesorio tramitado en el fuero Civil.
La Corte declaró competente a la jueza de Garantías de Horqueta, Ondina María Cabral, en el caso que investiga a la Agrupación Campesina Armada (ACA), y al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), por casos de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del Terrorismo. Varios de sus integrantes fueron abatidos por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).