El magistrado Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral la causa contra la citada jefa comunal a más de otros coprocesados por un supuesto millonario perjuicio. Se admitió la acusación fiscal solo por lesión de confianza y se excluyó el hecho de asociación criminal.
A más de Mirtha Fernández Yegros, también irán a juicio oral los coprocesados Cristian David Flecha Fernández, Carlos Samudio Sánchez, Aníbal Samudio Sánchez, Sergio Ariel Flechas Fernández, Maglio César Nelson Muñoz Díaz y Verónica Acosta.
Además, en la diligencia, la intendenta Mirtha Fernández Yegros también fue favorecida con el arresto domiciliario, con un permiso especial para mañana, para realizar trámites en la Comuna de Valenzuela, en el Departamento de Cordillera.
La acusada titular de la Municipalidad tenía prisión preventiva que fue dictada por el juez por las chicanas planteadas. Después, ya en la preliminar, la defensa solicitó que se levantara la prisión y que tuviera arresto domiciliario, con permiso para asistir a trabajar de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00. Incluso, ofreció fianza real de unos G. 1.400 millones en un inmueble.
Sin embargo, el magistrado solo levantó la prisión preventiva y dispuso el arresto domiciliario, sin el permiso para asistir a trabajar en la Comuna de Valenzuela.
Respecto al caso, Estigarribia admitió la acusación de la ex fiscala y actual jueza, Yolanda Portillo, defendida por el agente Néstor Coronel, por supuesta lesión de confianza, no así por el cargo de asociación criminal.
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En la causa, se le acusa a la intendenta de un presunto perjuicio de G. 1.199 millones, como pagos de obras que supuestamente nunca se realizaron.
Sin embargo, la intendenta, en su defensa, alega que todas las obras existen y que se trata de una persecución política, y que su pecado fue ganar tres veces la jefatura comunal, en los años 2010, 2015 y 2021.
La acusación fiscal apunta que, en su calidad de jefa comunal, autorizó supuestamente el pago de obras públicas, emitiendo cheques a nombre de personas ajenas a las empresas contratadas, utilizando fondos provenientes de royalties y Fonacide.
Estos cheques fueron cobrados por funcionarios municipales, sin que las obras fueran efectivamente realizadas. Incluso, parques infantiles habrían sido instalados en una propiedad privada y en veredas, pero recién dos años después del pago, presuntamente como una manera de justificar los desembolsos, según la Fiscalía.
Asimismo, alegan que figuraba también una construcción de empedrados con cunetas en varios sectores de Valenzuela, canalización, colocación de parques infantiles en plazas y en instituciones educativas; reparación de aulas, además de veredas que no se hicieron.