Según la investigación, los agentes detuvieron a tres jóvenes durante un retén sobre la ruta PY06 en el distrito de Raúl Peña y les exigieron una suma de dinero a cambio de su liberación. Inicialmente pidieron USD 10.000 y luego redujeron el monto a 20.000 reales (G. 24 millones aproximadamente), conforme a la denuncia. La medida fue dispuesta por el juez Penal de Garantías Bernardo Silva, que interina el Juzgado de Naranjal.
Los afectados –dos ciudadanos brasileños y una joven paraguaya– denunciaron que fueron acusados falsamente de portar cocaína y retenidos durante alrededor de 12 horas en la Subcomisaría 47ª, donde habrían sido sometidos a presiones y chantajes.
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El caso salió a la luz cuando uno de los afectados logró escapar en Ciudad del Este y pidió auxilio en dependencias de Migraciones y de la Policía Turística, el martes último. Tras la intervención de las autoridades, los cuatro policías quedaron detenidos y a disposición del Ministerio Público.
La fiscala Vivian Coronel presentó imputación contra los uniformados, mientras que el juzgado rechazó las medidas alternativas solicitadas por las defensas y ordenó la reclusión de los procesados en la Agrupación Especializada, atendiendo a la gravedad de los hechos y al riesgo de obstrucción de la investigación.
