En el caso, el ex legislador fue imputado por presunto cohecho pasivo como consecuencia de los chats hallados en el celular del diputado Eulalio Lalo Gomes, fallecido en un allanamiento realizado en un procedimiento policial-fiscal.
La imputación había sido presentada por los fiscales Francisco Cabrera, María Verónica Valdez y Luis Lionel Piñánez contra Orlando Gabriel Arévalo Zielanko, ex diputado y ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y Guido Javier Díaz Domínguez, ex secretario del ex parlamentario.
El magistrado había admitido la imputación, pero esto fue apelado por las defensas, con lo que el caso tuvo que ser estudiado ante el Tribunal de Apelación Penal, que finalmente ratificó la validez de las imputaciones.
Ante esto, el juez Humberto Otazú fijó para el 20 de marzo, a las 09:00, la audiencia para Guido Domínguez, y a las 09:30 la audiencia de imposición de medidas del ex diputado colorado.
Orlando Arévalo había sido salpicado por denuncias de supuesto tráfico de influencias, que incluirían pagos para salvar a jueces y fiscales, y tras ser abroquelado por sus propios colegas, terminó saliendo del Jurado donde era vicepresidente primero.
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Los chats revelaron que Lalo organizó reuniones con las agentes del Ministerio Público en la vivienda de Orlando, cuando este era presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Las conversaciones incluyeron transferencias de dinero a la cuenta de Arévalo por parte de Eulalio Gomes, al parecer, a cambio de favores que hacía el legislador desde el Jurado.
La investigación fiscal se inició en febrero de 2025, tras la denuncia del juez de Crimen Organizado, Osmar Legal, quien descubrió en los chats de Lalo Gomes indicios de hechos punibles de autoridades como Arévalo y las conexiones para supuestamente salvar de investigaciones por supuesto mal desempeño en el Jurado a los fiscales Lorenzo Lezcano, Katia Uemura, Stella Mary Cano.
