El director del Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de Derechos Humanos, José Agustín Fernández, recibió a la comitiva que estuvo encabezada por el vicepresidente Rodrigo Mudrovisthsch, Ricardo Pérez Manrique, Verónica Gómez, así como el juez paraguayo del organismo, Diego Moreno Rodríguez.
Igualmente, los acompañaron el presidente de la Corte, César Diesel, a más de los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera, Alberto Martínez Simón, entre otros, quienes escucharon atentamente las explicaciones del camarista.
Fernández comentó cómo, a través de un hábeas data, en diciembre de 1992, lograron hallar el archivo de la Policía de la dictadura, donde ante la abrumadora evidencia que tenía en sus manos, llamó al juez del Crimen de turno, el actual ministro de la Corte, Luis María Benítez Riera, con quien decidieron traer toda esa documentación al Poder Judicial.
Rememoró que les costó 12 horas de trabajo para sacar toda la documentación y que tuvieron la invaluable ayuda de la prensa, que ya esperaba para el allanamiento del local de La Técnica de la Policía, cuyos custodios en principio no les querían dejar pasar a la comitiva, en donde también estaba el doctor Martín Almada.
Dijo que a partir de eso comienza todo este proceso que lleva más de 30 años de esfuerzo, ya que la Corte tuvo la buena iniciativa de crear el Centro de Documentación y Archivo para la clasificación y el análisis de los documentos.
Cerca de 700 mil folios
Se acoge ahí la licenciada Rosa Palau, inauguraron una APP público privada. Dijo que son cerca de 700 mil folios y que son elementos probatorios en juicios sobre la dictadura, y con un enorme valor histórico.
También explicó el camarista los pormenores del hallazgo y lo importante de la labor de la prensa para ingresar al sitio. Incluso comentó cómo le llamaron el presidente de la Corte de la época para saber sobre la labor que había realizado.
José Agustín Fernández remarcó que hasta ese momento tenían una sola sentencia condenatoria a cinco torturadores, en mayo de 1992, dictada en el caso de la muerte de Mario Schaerer Prono, por el entonces juez Luis María Benítez Riera. Schaerer Prono había sido muerto en dependencias policiales en una sesión de torturas, en abril de 1982.
Luego, en junio de 1992, se promulga la Constitución, y en setiembre de ese año ya se hace uso de la nueva figura del hábeas data, un pedido de informes. Fue así que en noviembre se inicia el juicio al único director de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (DNAT), Antonio Campos Alum.
Fichas, informes, documentos, libros de entrada y salida, todo tipo de documentos que forman las 700 mil fojas; ahí empieza la historia, dijo, “todos empezaron a plantear los hábeas data, y se abre el gran abanico, la Operación Cóndor y toda su historia terrorífica.
Rodríguez se opuso
Pero, volviendo un poco atrás, recordó Fernández como una anécdota de sus tiempos de juez. “Tras el hallazgo, el 22 de diciembre de 1992, al día siguiente, 23 de diciembre, me llama el entonces presidente de la Corte, Luis Alberto Correa, y el ministro Jerónimo Irala Burgos. Imagínese, yo era un juez de 29 años. ‘Mi hijo, contanos qué es lo que hiciste’, me dijo”.
“Les llevé el expediente y les mostré que todo se encuadraba con la ley, y ellos entienden el procedimiento. Y me dice, hijo continuá con lo que estás haciendo…”, relató a los jueces de la Corte IDH el camarista.
“Ya no había marcha atrás. La ciudadanía era dueña de ese archivo. Y el 8 de enero del año siguiente, 17 días después, ese presidente (Andrés Rodríguez) que no quería que esos archivos se ventilasen al país y al mundo (porque así se los había pedido al presidente de la Corte), a través de un decreto, reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicó.
Remarcó que ellos sabían que el 26 de marzo de 1993 se hizo efectiva. “Esa es la historia real que el Poder Judicial tuvo, en primer lugar, esa visión, ese coraje, para retener como parte de estos documentos que forman parte de nuestra historia, que tienen valor jurídico, un valor histórico, un valor documental. Todo el proceso inició así”, relató.
La foto icónica de ÚH
Algo que llamó la atención en el Museo de la Memoria fue la foto de Liz Fernández Casabianca, que se encuentra entre tantos cuadros que rememoran ese pasado dictatorial del país.
Ante la insistencia del juez Diego Moreno Rodríguez, Liz Fernández Casabianca accede a relatar la historia sobre lo ocurrido ese día, cuando tomaron la fotografía, que fue publicada luego en el diario Última hora, en ese año, tomada por su fotógrafo José Moreno.
“Esta foto es del 26 de abril de 1986, un domingo. Había misa de las 11:00 en la Catedral. Recuerdo que en ese tiempo había cuatro médicos detenidos. Salimos de la misa cantando Patria Querida. Vinieron los carros hidrantes de la Policía y nos quisieron dispersar”, dijo a los presentes.
“Comenzaron a lanzarnos el agua y como diciendo ‘este lugar es nuestro’ es que hice así. En esa época era impensable. Era el momento más duro de la dictadura. En el ‘87 tuve que viajar a la Argentina”, refirió sobre la imagen tomada por Moreno, en ese entonces fotógrafo de ÚH, que forma parte ahora del Archivo del Terror.
El hijo de Goiburú
Otro de los que estuvo en el Archivo del Terror fue Rogelio Goiburú, hijo del desaparecido durante la dictadura, Agustín Goiburú. Contó también su historia a los jueces. Relató que estaba en el exilio, ejerciendo como médico, y que lo llamaron para que viniera al Paraguay.
“Me dijeron que me necesitaban para buscar a los desaparecidos. Y dejé todo y vine. Hace 19 años que buscamos los desaparecidos en el Paraguay. Soy hijo de una víctima del Operativo Cóndor”, refirió Goiburú.
Explicó que era difícil saber con exactitud cuántos desaparecidos había, ya que incluso habían matado a indígenas que ni siquiera estaban registrados. “Es imposible saber la cifra exacta”, afirmó.
Les refirió que en el 2006, la sentencia de la Corte IDH les dio el respaldo enorme que necesitaban para seguir con la búsqueda. Informó que tenían 460 carpetas de desaparecidos, de los cuales hallaron 44 esqueletos.
Además que, de estos, solo habían identificado a cuatro y que catorce fueron identificados en la Argentina. Dijo que tienen el apoyo del equipo argentino Técnico Forense, y que ahora los antropólogos de la Universidad de Arizona trabajan ad honorem para identificarlos, ya que no había presupuesto.
Contó que había dialogado con la esposa de los choferes del dictador Alfredo Stroessner, que era un pedófilo, refirió. Goiburú indicó que el dictador violaba a niñas de 11, 12 y 13 años y que sus víctimas habrían sido unas dos mil criaturas, “un dato que nadie conoce”, aseguró.
También habló del ataque a los pueblos indígenas, que habían sido aniquilados, y que no podían dar nombres y apellidos, porque jamás se habían registrado, ya que nacieron en los montes.
Finalmente, comentó que ya tenía tres lugares donde tenía esperanzas de encontrar los restos de su padre desaparecido, aunque todavía le falta presupuesto. Uno de ellos, el departamento de La Técnica, donde habían hallado los Archivos del Terror. Le dijeron que era un inmueble de Pastor Milciades Coronel que le vendió al Estado. Ahí también enterraron cadáveres, comentó.
