Como parte de su planteamiento, el gremio anuncia que está dispuesto a proveer su propio plantel de auditores especializados, sin costo para el Estado, con el fin de garantizar que el proceso sea objetivo y libre de interferencias. “Solicitamos que la referida auditoría sea presencial, in situ, con requerimiento de documentos originales, mediante un equipo de auditores especializados y no una simple recopilación de informes institucionales generales. La Unión Nacional de Jubilados está en condiciones de proveer el plantel de auditores, sin costo para el Estado”, señala la nota dirigida al titular del Congreso, Basilio Bachi Núñez.
Los jubilados afirmaron en su texto que el pedido surge tras reiteradas solicitudes de información que no fueron respondidas adecuadamente por la previsional. “Elevamos esta petición por vía del Congreso Nacional, atendiendo a que las peticiones de información cursadas conforme a la Ley N° 5282/14 - De acceso a la Información Pública, o son ignoradas o son respondidas con Informes generales e imprecisos”, apuntaron.
Datos. La solicitud plantea 11 puntos claves para la auditoría, que van desde conocer cuántos empleadores están registrados en el régimen obligatorio, cuántos están al día, en mora o con deudas refinanciadas, hasta saber con exactitud cuánto se recauda mensualmente y cómo se distribuye entre los fondos establecidos por ley.
También se exige conocer el monto actualizado de la deuda con proveedores de medicamentos, las inversiones hechas entre enero y junio de este año, y las reservas financieras disponibles, entre otras consultas.
Pedro Halley, presidente del gremio y ex gerente de Prestaciones Económicas del IPS, sostuvo que “el Congreso debe tomar cartas en el asunto” y que “no puede basarse solo en informes institucionales que son vagos e imprecisos”.
“Hay una opacidad evidente en la administración de los recursos”, manifestó, lanzando críticas hacia la actual gerente de Prestaciones Económicas, Vanessa Cubas, por sus recientes declaraciones públicas. “La Dra. Vanessa Cubas miente impúdicamente para justificar su inutilidad e incapacidad. Le desafío públicamente a que muestre las resoluciones con sus fechas. Caso contrario, que se calle nomás y siga en España haciendo el máster que le pagamos”, expresó Halley.
Cuestionó también con fuerza la afirmación de Cubas respecto al supuesto uso de reservas desde el año 2020 y dijo que esto debe ser aprobado por el Consejo Administrativo. “Es claro que una autorización de ese tipo debe salir del Consejo de Administración, la máxima autoridad del IPS en cuanto a Ordenadores del Gasto. Repito, nunca pueden usarse reservas o sus rentas o alquileres sin autorización del Consejo. ¿Por qué esto es importante? Porque la primera resolución donde se autoriza usar rentas de reservas es de junio del 2021, en la administración Bataglia. Y la última (uso de Alquileres) es de junio 2025, administración Brítez”, sostuvo.
En declaraciones a Última Hora, Halley también aclaró el alcance real de la última resolución y aseguró que “no autoriza usar rentas de las inversiones”.
“Cuando dice ‘rentas de la propiedad’ se refiere a los alquileres cobrados, no a las rentas de las inversiones en los bancos”, aseveró.
