El doctor Enrique Kronawetter, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), explicó que en la sentencia del 2021 contra Ramón González Daher por lavado de dinero se hizo mención a más de 150 causas que se abrieron con similar contenido fiscal.
“Se abrieron bajo la misma perspectiva de una forma de actuación que en términos sencillos era cortar y pegar de todas las carpetas fiscales, de las actuaciones y eso motivó a que se envíe los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, manifestó.
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Kronawetter señaló que los tres fiscales denunciados, entre ellos Mirtha Ortiz, además de Alegre y Villasboa, solo tuvieron una intervención en un pequeño y segmento de causas.
🔸Causa Nº 12/2022
— Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (@Jem_py) June 19, 2023
El Jurado resuelve 𝑨𝑩𝑺𝑶𝑳𝑽𝑬𝑹 al Agente Fiscal Silvio Alegre por no haberse comprobado durante el proceso de su enjuiciamiento que incurrió en la causal de mal desempeño de funciones. 1/2#JEMPy pic.twitter.com/aJ85CK1q50
“En ese contexto, lo que reclamé es cómo podríamos analizar las conductas individuales si la mayoría de las causas en las que intervienen nuestros fiscales son heredadas por otros”, remarcó.
Asimismo, dijo que lo que se probó hoy es que tanto la fiscala Villasboa como el fiscal Alegre no realizaron actos que permitan sostener el encuadre de la conducta como una suerte de apriete.
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RGD otorgaba préstamos usurarios y varias de estas personas posteriormente fueron denunciadas por estafa en Luque. Una de las agentes que recibió varias denuncias fue la fiscal Fátima Villasboa.
Los miembros del JEM señalaron que no hay un plazo para que la Fiscalía desestime una denuncia o argumente a favor, pero el hecho de no presentar imputación significa que la abogada Villasboa y el defensor Alegre no formaban parte de dicho esquema de apriete.
En el juicio oral del 2021 fue condenado Ramón González Daher y se comprobó su esquema de usura, lavado de dinero y denuncia falsa que aplicó durante largos años. En la misma sentencia se explica que se dispuso el secuestro de cupones de intereses para garantizar la reparación del daño a víctimas. Como la condena ya está firme, empezarán a presentar las demandas.
