En el 2023 se cumplen 50 años de entrada en vigencia del Tratado de Itaipú y, de acuerdo con el artículo VI del Anexo C (bases financieras del emprendimiento), cumplido este plazo se podrán revisar las disposiciones fijadas en el mencionado anexo, “teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el grado de amortización de las deudas contraídas por Itaipú para la construcción del aprovechamiento y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países”.
Parecería no haber mayores inconvenientes, pues ese lapso se había establecido con muchísima anterioridad. Pero como Paraguay reconoció la cuestionada deuda de Itaipú con Brasil, se elaboró un cronograma de cancelación de la deuda, el cual no coincidentemente fenece en el 2023. Quiere decir que ya en el 2022 se tenían que iniciar las conversaciones, en caso de que ambas naciones quieran realizar modificaciones, pues el presupuesto de la hidroeléctrica se estipula varios meses antes, para poder fijar una previsible tarifa de venta de energía. Con el compromiso saldado, el precio de la electricidad cae drásticamente (hoy se abonan USD 2.000 millones al año por el pasivo) y tanto la ANDE como Eletrobras deben hacer sus cálculos de consumo con anticipación.
Sin embargo, otro obstáculo que apremia el inicio de las conversaciones es el hecho de que la administración pasada de la Itaipú (ambas márgenes) decidió adelantar la cancelación de la deuda para el 2022. Así, el año tope para que Paraguay juegue sus cartas es el 2021.
En los últimos días, algunos sectores han cuestionado bastante que medios, técnicos y políticos utilicen la palabra negociación, pues lo que propone el Tratado de Itaipú es una revisión. Cualquiera sea la palabra empleada, la verdad es que del Gobierno de Mario Abdo Benítez dependerá plantear las justas reivindicaciones para Paraguay y no puede dejar la pelota para la próxima administración.
Hasta el momento, solo el Gobierno brasileño ha mostrado sus intenciones, las cuales tampoco son muy novedosas, si se analiza el historial de Itamaraty. Al país de Jair Bolsonaro le conviene reducir los costos de Itaipú (incluido el pago por cesión de energía), de manera que también baje considerablemente el precio de la energía para los usuarios brasileños. Es una maniobra política que, sin duda, podría hacerle ganar la simpatía de sus compatriotas.
NO AL ESCONDITE. En nuestro lado, la diplomacia local aduce que no se puede revelar la estrategia, ya que daríamos ventajas a los brasileños. Si es así, esperemos que realmente los técnicos de la Cancillería y asesores del Poder Ejecutivo estén marcando una hoja de ruta adecuada. Todavía no sabemos si Paraguay querrá bajar el precio de la energía o ingresar USD 1.000 millones al año. Para lograr esto último se deberá mantener la actual tarifa, ingresando un componente nuevo en el presupuesto, en reemplazo del pago de la deuda.
Más allá de la táctica, la socialización no puede estar ausente. Varios técnicos independientes y referentes de la sociedad civil están dando sus válidos pareceres y necesitan participar.
Si se juega mucho al escondite, puede terminar ocurriendo lo que pasó con Yacyretá. Ya en el 2014 se tenía que haber alcanzado un acuerdo por la revisión del Anexo C, pero el pacto Cartes-Macri se dio con mucho retraso y, para colmo, no convenció a todo el país. Esto, porque sencillamente no se dio participación a actores externos del Gobierno en las conversaciones previas. El eventual acuerdo Abdo-Bolsonaro no debe correr la misma suerte.
Además, si el Gobierno quiere ganarse la simpatía popular y tener el respaldo para lograr que Itaipú sea una causa nacional, también debe dar señales claras. El derroche de dinero continúa en ambas binacionales.
Revisión o negociación, lo concreto es que el Tratado de Itaipú no puede quedar así como está. Sería una movida ingenua, que volverá a aplazar por otras muchas décadas las exigencias paraguayas.
