“La situación de hambre, inanición y hambruna es consecuencia de las enormes restricciones impuestas por Israel a la entrada y distribución de ayuda humanitaria y bienes comerciales, del desplazamiento de la mayor parte de la población, así como de la destrucción de infraestructuras civiles vitales”, señaló el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.
Tanto utilizar el hambre como método de guerra, como aplicarlo a toda una población, constituyen crímenes de guerra, aseguró un portavoz de la Oficina de Türk, tras precisar que esto no constituye un dictamen legal –que corresponde a los tribunales–, sino una evidencia que resulta de lo que establece el derecho humanitario internacional, que el Estado de Israel está obligado a respetar.
En la víspera, un consorcio internacional de expertos en alimentación y nutrición, a cargo de establecer la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC), anunció que se habían reunido todos los elementos que confirman que la hambruna se producirá entre el momento en el que evaluaron la situación, la semana pasada, hasta mayo.
Con más de dos millones de palestinos pasando hambre en mayor o menor medida, se trata del más elevado número de personas en riesgo de caer en una “situación alimentaria catastrófica” –que ya prácticamente nada separa de la hambruna y que lleva a muertes por inanición– registrada por el sistema IPC desde su creación.
Coincidiendo con la publicación de esos datos, Israel denegó la entrada a Gaza del jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), el mayor organismo capaz de aportar ayuda humanitaria en el enclave y que ha sido blanco de una sostenida campaña de descrédito por parte del Gobierno israelí.
