A finales de octubre, los fiscales Jorge Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez solicitaron la desestimación de la denuncia contra el ex titular del IPS, Vicente Bataglia, y otras cinco personas.
La causa se inició por reporte de la Contraloría, donde constataban un supuesto perjuicio patrimonial de G. 1.630.414.082.023, sindicándoles a las autoridades del 2022 y primer cuatrimestre del 2023 como los presuntos responsables.
Sin embargo, luego de casi un año de investigación, la Fiscalía concluyó que no hubo hecho punible.
PROTESTA. Esto generó la movilización de los jubilados, quienes se autoconvocaron para exigir un cambio de postura.
“No vinimos a dialogar ni a negociar, venimos a exigir que ese dictamen sea revisado”, explicó Pedro Halley, ex gerente de Prestaciones Económicas de IPS y actual presidente de la Unión Nacional de Jubilados.
Habló de que los dos billones de perjuicio deben ser devueltos, vayan o no los responsables a la cárcel.
Anunció que van a mover los resortes que sean necesarios, incluso, llegando a instancias internacionales.
Por su parte, estuvo presente en el lugar la activista María Esther Roa, quien acompañó la movilización. “El documento dice: ‘Acá no hay nada, no se robó nada’. Así no debe ser. Cada desestimación, cada archivamiento de cada denuncia debe ser explicada. Nos deben una explicación”, mencionó.
