El nuevo presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN), José Luis Torales, informó que el Comité Ejecutivo aceptó la renuncia del presidente saliente y resolvió dar lugar a la línea de sucesión, por lo que en este caso, asumió el liderazgo de la nucleación política.
Asimismo, indicó que va a convocar al Consejo Nacional, que es una instancia partidaria, para deliberar y resolver el futuro del PEN.
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La senadora Kattya González y el diputado Raúl Benítez se retiraron antes de la decisión del Comité Ejecutivo, debido a que “no estaban dadas las condiciones”.
Los legisladores pedían que se acepte la renuncia, pero manejaban información de que podría darse un pedido de permiso, lo cual rechazaban.
La decisión de renuncia a su cargo político se dio luego de la presión ciudadana, ya que en un primer momento, Camacho solo anunció la renuncia al terreno en la zona de Remansito, frente al río, que pertenece al Ministerio de Defensa y que, a través de una ley, el Congreso pretendía expropiar a favor del municipio de Villa Hayes y posteriormente para dar a los ocupantes.
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El presidente de la República, Santiago Peña, anunció que vetará la ley aprobada por el Congreso Nacional. El senador colorado Basilio Bachi Núñez es señalado como uno de los impulsores del proyecto.
La senadora Celeste Amarilla señala que entre los beneficiados aparecen la esposa de Hugo Simón, dueño del Laboratorio Indufar; Miguel Reinal, de Cabaña Doña Gilda; Hugo Berthold Friesen, director de la Asociación Capellanía Empresarial; y Alfredo José Vinader, ex interventor de Acepar.
También figuran Óscar Peter Klassen, dueño de la Estancia Dos Hermanas; Berthold Penner, socio de Wesley Kehler en Global Trading y presidente de la Asociación de Menonitas del Paraguay.
Entre los ocupantes vip también están Daniel Gómez Rambado, juez camarista, integrante del Tribunal de Apelación que anuló la sentencia del ex gobernador de Presidente Hayes Emigdio Benítez, quien había sido condenado a 4 años de cárcel por producción de documentos; como también Fernando Camacho, entre otros.
El caso generó indignación de la ciudadanía, ya que en un recorrido por la zona se pudo observar mansiones y yates, descubriendo que los beneficiados no son personas de bajos recursos, sino importantes políticos, jueces y empresarios.
Asimismo, indignó a la ciudadanía el trato privilegiado a los invasores con poder económico, a diferencia de lo que ocurre comúnmente con comunidades campesinas e indígenas, donde se ven violentos desalojos.
