El economista Ramón Ramírez, interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Alto Paraná, habló de una supuesta malversación, desprolijidad administrativa y un esquema sistemático de transferencias para eludir procesos de control durante la administración del intendente suspendido, Miguel Prieto.
Esta es la tercera conferencia de prensa desde que inició el trabajo de Ramón Ramírez al frente de la Comuna, designado por el presidente Santiago Peña. La intervención arrancó el 23 de junio y concluirá el 23 de agosto, con su informe final.
“Nosotros venimos a defender los intereses de la ciudadanía, venimos a reforzar la confianza en las instituciones y, por supuesto, a combatir el mal uso de los recursos públicos”. Así comenzó este martes el interventor Ramón Ramírez su tercera conferencia de prensa desde que comenzó la intervención en la Municipalidad de Ciudad del Este.
Con papeles en mano y documentos oficiales a la vista, Ramírez sumó datos de sus hallazgos: “Todo lo que nosotros revelamos en nuestros informes no son presunciones, no son conjeturas; son hechos documentados que van a formar parte de nuestro dictamen”.
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Durante su exposición, habló del desvío de fondos originalmente destinados a gastos de capital. “De los G. 83.000 millones que estaban destinados a ese fin, G. 29.215 millones fueron usados para gastos corrientes. Eso representa más del 35%. Es una malversación”.
Dijo que se hizo un análisis profundo del destino de esos fondos y que detectaron que “más del 55% fueron transferencias bancarias, cuyo seguimiento es casi imposible”, al explicar que esos movimientos responden a un esquema sistemático para eludir procesos de control.
“La definición de malversación es clara: cuando el administrador destina a otros usos diferentes a los establecidos en la ley. Y eso es lo que encontramos”, explicó.
Sin certificados
La intervención también revisó el uso de los fondos transferidos al Consejo Local de Salud entre 2019 y 2022. “Se transfirieron más de G. 10.500 millones. De ese monto, casi G. 6.000 millones fueron supuestamente destinados a obras. Pero no hay certificaciones, no hay recepciones finales, no hay documentos que nos permitan confirmar que esas obras se hicieron”, afirmó.
En este punto, el interventor de Ciudad del Este hizo una advertencia grave: “No podemos determinar si lo que figura en las facturas corresponde con obras realmente ejecutadas. Y eso es inaceptable”.
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Además, señaló que el órgano municipal que debía controlar estos gastos tenía una doble función. “El titular de la Dirección de Desarrollo Social, que debía auditar estas transferencias, también era miembro del Consejo de Salud; es decir, juez y parte”, sostuvo.
Ramírez también se refirió al contrato de la Terminal de Ómnibus, sobre instalaciones eléctricas. “Tenemos documentación que respalda la ejecución de aproximadamente (G.) 1.900 millones de los (G.) 3.100 millones que costó ese contrato. Existen tres recepciones finales, ítems cancelados, adendas. Es otra prueba de la desprolijidad administrativa que reina en esta institución”, indicó el interventor.
Al cierre de la conferencia, reafirmó que el informe de la intervención será entregado dentro del plazo legal. “Reportaremos más del 90% de las causales. Lo único que no pudimos analizar en profundidad son los casos judiciales con restricciones del Ministerio Público”, explicó.
“El daño patrimonial y la lesión de confianza deberán ser determinados por otras instancias. Nuestro trabajo es identificar y documentar los hechos. Y eso es lo que estamos haciendo”, concluyó.
