Ante la comisión especial de la Cámara de Diputados, que debe dictaminar sobre el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, el intendente Miguel Prieto realizó su descargo técnico, junto con sus asesores.
“Tenemos los documentos para decir que el contralor miente y los argumentos para rechazar (la intervención)”, afirmó.
Durante su presentación, expuso las “mentiras” del contralor Camilo Benítez para sostener la fiscalización de su gestión por supuestas irregularidades en el programa Navidad Sustentable del periodo 2023.
“La Contraloría dice que no hay evidencias de los resultados del trabajo”, observó Prieto y paralelamente mostró la repercusión en medios locales y fotos de los adornos navideños que se compartieron en redes sociales.
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“Todo el país vio durante tres años los avances de Navidad Sustentable e incluso tuvo repercusión internacional. Fue declarado de interés cultural por la misma Cámara de Diputados”, remarcó.
La segunda falacia se refiere a la inexistencia de los documentos sobre las transferencias de G. 2.000 millones a la oenegé denominada Subcomisión Distrital de Ciudad del Este.
Según Prieto, todos los documentos fueron remitidos al órgano extrapoder “en tiempo y forma”; además, en julio del 2023, accedió a las propuestas de tres oferentes para la realización del proyecto.
Por ello, afirmó que hubo un proceso competitivo para la adjudicación de bienes y servicios en el marco de Navidad Sustentable.
Otra “mentira” que señaló Prieto guarda relación con la falta de un informe que demuestre la participación ciudadana que fue beneficiada con el proyecto.
“La inauguración del 2023 contó con la participación de más de 50.000 personas. Tuvo un efecto multiplicador en la economía, ya que a través de ferias fueron beneficiados el turismo, emprendimientos y hoteles. Brasileños incluso vinieron a vivir la Navidad a Ciudad del Este”, aseguró.
Prieto advirtió que la “Contraloría quiere dar a entender que directamente le depositamos a la tesorera o a la secretaria y vulneramos las normativas. Dicen que nos chupamos los G. 2.000 millones. Entonces, ¿por qué se hizo la Navidad Sustentable?”, cuestionó.
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Sobre la línea, explicó que la Municipalidad habilitó una caja de ahorro a nombre de Nilda Andrea González Segovia (secretaria) y Andrea Liresse Melgarejo (tesorera) de la Subcomisión.
“Nosotros contamos con autonomía municipal y emitimos los cheques a nombre de la comisión. Van a acceder a todos los cheques”, resaltó.
A Prieto le llama la atención que la Contraloría no investiga a la Itaipú por pagar G. 7.000 a una oenegé por una “Navidad chiquita”.
Contralor ratifica pedido de intervención
Por su parte, el contralor Camilo Benítez indicó que la administración de Prieto no presentó comprobantes legales que justifiquen el uso de G. 42.000 millones, provenientes de ingresos tributarios y no tributarios, en gastos de capital ni ejecución de obras o adquisiciones.
“La mitad se usó para salarios y gastos corrientes, muy parecido a lo que pasa en capital. Esa violación de la ley es una cuestión bastante cuestionable, pero que se podría reducir a una observación administrativa. Pero de los G. 42.000 millones, cuando se solicitó la información, no hay documentación respaldatoria”, manifestó.
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Esta supuesta irregularidad se suma a otros indicios como “la rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuenta, la cantidad de reportes de incididos de hechos punibles y el hecho de que ambos intendentes estén imputados. Todos estos elementos hacen que nosotros no encontremos otra alternativa”, explicó ante la prensa.
Benítez citó, a su vez, que la ejecución del presupuesto se debe hacer mediante la Ley de Contrataciones Públicas, no por trasferencias.
“En Ciudad del Este, el 70% de lo recaudado se destinó a transferencia. Se abusó de esta medida”, sostuvo. Mencionó que los cheques se hicieron a nombre de la secretaria de la subcomisión.
De acuerdo con Benítez, la intervención puede acceder a información a la que nosotros no tenemos acceso. G. 42.000 millones en Ciudad del Este y G. 500.000 millones en Asunción”.
El contralor dio a entender que existen algunas facturas falsas, transferencias de dinero a personas particulares y la adjudicación a empresas sin experiencia son indicios que se deben profundizar para determinar el daño patrimonial.
