El Ministerio del Interior suma en polémicas adjudicaciones que sortean protestas que finalmente se ven reflejadas en implementaciones de contrato negligentes. El contrato se arrastra del 2017, durante el gobierno de Horacio Cartes, sosteniéndose a través de adendas en la administración de Mario Abdo Benítez. En el mismo camino, las tobilleras no alcanzan la firma del contrato y se decidió adjudicar a una polémica empresa, tras otros contratos con faltas en la implementación en tiempo y forma. La Licitación 333492 para el mejoramiento del Sistema Nacional de Identificaciones y Emisión de Cédulas y Pasaportes en Paraguay concluyó con la adjudicación al Consorcio Documentos Electrónicos del Paraguay (CDE), representado por Lía Zanotti Cavazzoni de Lindgren, en el 2017, por un monto máximo de G. 178.512.000.000 por tres años de vigencia.
El contrato pasó por tres adendas que aumentaron el plazo. En principio, debía ser hasta el 31 de diciembre de 2019. En 2020 se suscribe la primera adenda que extiende el cumplimiento de las obligaciones del proveedor hasta el 31 de diciembre de 2021. Al año, surge otra ampliación que mueve el plazo al 2022; y en medio de denuncias por incumplimiento del plazo, se vuelve a firmar otra extensión hasta el cumplimiento de las obligaciones.
El sistema sigue con problemas y cayendo hasta la fecha. Otro de los pedidos hechos por el proveedor fue el cambio a una nueva tecnología, aceptada por la contratante; pero hasta el momento con varias quejas porque no se implementa sanción al proveedor, ya que no está operando un cien por ciento, con lo que se experimentan repetitivas caídas del sistema.
TOBILLERAS. En la misma línea, la explotación de las tobilleras fue adjudicada al Consorcio Track. TSV del Paraguay SRL, Paraguay Security SA y Urbis SA, a quienes se les confió un contrato de G. 81.000 millones. El proceso contó con más de 150 protestas y hasta la fecha no cuenta con contrato firmado. La firma integrante del consorcio TSV Paraguay, cuestionada con investigaciones ante la Comisión Nacional de Competencia (Conacom), con contratos vigentes para el mantenimiento del Sistema 911, donde se constató un problema con las cámaras.
La empresa es la misma proveedora desde el 2011. Otro integrante del consorcio, Paraguay Security, tiene cuestionamientos por la provisión de chalecos para la Policía. Además, una sanción por 6 meses por incumplimiento de sistema de seguridad para la Conatel.
