14 jul 2026

Interés de EEUU sería porque se usó su sistema financiero para pagar a sicarios

Supuesto informe falso que Horacio Cartes presentó en Fiscalía habla de una trasferencia de USD 559.148, cifra similar que analista uruguayo menciona que se pagó por el crimen de Pecci.

27798244

Investigan. El fiscal paraguayo Marcelo Pecci había sido asesinado en el 2022, en Colombia.

ARCHIVO

Con la nueva investigación abierta por Estados Unidos por la muerte del fiscal Marcelo Pecci, las sospechas que van saltando es que el pago del crimen se realizó a través del sistema financiero americano. Según analista sobre crimen organizado, se habría pagado USD 530.000, monto similar al citado en el supuesto informe de inteligencia que Horacio Cartes denunció como falso.
Llamó la atención la reciente visita de una comitiva de agentes de la Fiscalía y de la Administración de Control de Drogas (DEA), a Colombia, para entrevistar a los principales implicados en el homicidio: Francisco Luis Correa, los hermanos Andrés y Ramón Pérez Hoyos y Margareth Chacón.

Fuentes pudieron confirmar que una Corte del Sur de Florida determinó abrir una causa y se sospecha que puedan pedir la extradición de los cuatro procesados.

Al respecto, el periodista uruguayo Nicolás Centurión, especialista en crimen organizado y analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE), refirió que el interés de extraditar a los condenados se debería “a que el pago de 530.000 dólares por el asesinato se realizó utilizando el sistema financiero de los Estados Unidos, específicamente una entidad financiera del estado de Florida”.

Dijo que, de comprobarse esto, “ahí es territorio y le compete la jurisdicción a Estados Unidos”.

Y el interés no solo vendría porque se habría usado un banco americano para el pago, sino que también dijo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene “competencia mundial” cuando se demuestra que se utilizaron dólares estadounidenses en una transacción ilegal.

REPORTE “FALSO”. En marzo de este año, el ex presidente Horacio Cartes, a quien se le vinculó como presunto autor intelectual del crimen, agregó unos documentos ante el Ministerio Público paraguayo.

Serían documentos que se hacían pasar como informes de inteligencia, pero que –según denunció– serían falsos. Pidió a los fiscales que investiguen la procedencia de ese reporte.

En el último párrafo del informe dice que “el fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, siguió la línea de investigación y ha sido hackeado y mandado a asesinar, de acuerdo a los detalles adjuntados”.

También hay supuestos correos entre Tabesa y la compañía (Cidcitei General Trading LLC), donde hablan de una presunta transferencia enviada por Tabacalera del Este, por la suma de USD 559.148, a Margareth Chacón.

Cartes expuso que este reporte de inteligencia no tenía firma ni indicación del organismo, por lo que fuentes aseguran que la Fiscalía debería indagar con la Embajada americana la autenticidad de este supuesto informe.

EL CRIMEN. El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado en Colombia el 10 de mayo del 2022, donde se encontraba de luna de miel. En dicho país se pudo determinar nueve personas implicadas en el asesinato, de los cuales siete ya fueron condenados.

<b>La Ley RICO podría ser clave</b> <br/>Según el analista Nicolás Centurión, “a los acusados (por el crimen de Pecci) también le puede caber las generales de la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, por sus siglas en inglés)”. Esta es una ley federal estadounidense, concebida a finales de la década de 1960 para luchar contra el crimen organizado, mencionó. Dijo que se puede usar esa ley, “simplemente porque la transacción ilegal se realizó con dólares estadounidenses, que necesariamente tuvieron que ser emitidos por la Reserva Federal de ese país”. Consideró llamativa la movilización del país norteamericano para que se esclarezca este crimen. Según Centurión, puede haber determinadas sospechas en el caso, pero que la cuestión de la ley va porque la transacción, el pago de estos USD 530.000, habría pasado por una financiera en Florida. Hasta ahora son tres países –Colombia, Paraguay y EEUU– los que se encargan de investigar el caso.

Más contenido de esta sección
El Tribunal de Sentencia, que juzga al ex intendente Armando Gómez y a otros coprocesados, rechazó la mayoría de los incidentes planteados por las partes, en el juicio oral por el presunto desvío de G. 9.317 millones de la Municipalidad de Lambaré. Entre los incidentes había una excepción de incompetencia, con lo que decía que los jueces no debían ser los que juzguen el caso.
El Tribunal de Sentencia Especializado confirmó el rechazo del pedido de la defensa de José Alberto Insfrán Galeano, conocido como Pastor Insfrán, de trasladarlo al módulo 4, destinado a los procesados, dentro del Penal de Máxima Seguridad Martín Mendoza. Ahora, el recurso deberá ser estudiado por el Tribunal de Apelación Penal.
Fin de la pesadilla. Diana Rojas se reencontró con su pequeña hija tras horas de desesperación.
Procesado. Francisco Bustos, padre de la niña, quedó detenido en la Argentina y ya fue imputado.
La condena de 10 años de cárcel para el ex gobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, fue ratificada por la Sala Penal de la Corte, que declaró inadmisible el recurso de casación planteado contra el fallo.
La Sala Penal de la Corte ratificó la pena de 3 años de cárcel para Justo Rubén Ferreira Servín, ex presidente de la firma Insumos Médicos SA (Imedic), por contrabando de camas hospitalarias durante la pandemia, y la absolución de los demás encausados.
Oposición. La Fiscalía Adjunta rectificó dictamen de los fiscales y pidió que el caso pasará a juicio.