La excusa de los parlamentarios, la que vienen utilizando desde el año pasado, es que no existe un reglamento para el procedimiento, aunque la propia Constitución establece que la falta de reglamentación de un artículo no es impedimento para su vigencia.
Ante esto, los líderes de bancadas y miembros de la mesa directiva decidieron que cada bloque presente el próximo lunes una suerte de reglamento, en formato de proyecto de resolución que posteriormente será analizado por el pleno.
Así lo anunció el liberal Jorge Ávalos Mariño.
“Llegamos a un acuerdo de que previamente se necesitan reglas de juego, entendemos que hace falta una resolución previa en la que se determine el procedimiento y por sobre todas las cosas la mayoría aplicable, y hubo el compromiso de todas las bancadas de acercar una propuesta a la mesa directiva en ocho días”, puntualizó.
Ante la consulta de que esta postura seguirá dilatando el juzgamiento de sus pares, el legislador manifestó que por lo menos se trata de una acción en concreto que les permite de alguna manera avanzar. “Las bancadas acercarían una propuesta de resolución para después llevar al pleno y aprobado eso, después poder tratar”, reiteró.
Desde la Cámara de Diputados, en dos ocasiones se intentó reglamentar el artículo 201 de la Constitución, pero al ser considerada inconstitucional, el Poder Ejecutivo vetó la normativa.
El diputado liberal explicó que tal como ya sucedió durante el tratamiento de los proyectos de ley para la reglamentación, la discusión se centra en la cantidad de votos que se necesitan para la destitución. “Hasta ahora no tenemos un reglamento y la discusión pasa más que nada por la mayoría a aplicarse. Hay quienes defienden que tiene que ser la mayoría absoluta y otros que consideramos que debe ser por mayoría simple, porque la Constitución así lo establece”, remarcó.
De acuerdo al legislador, antes de entrar al tratamiento de los pedidos se tiene que definir la mayoría a aplicar y un mínimo de procedimiento. “La propuesta de algunos es que como no se consiguió por ley, que por resolución se establezca mayoría absoluta”, acotó.
LOS CASOS. Ulises Quintana se encuentra imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Estuvo preso diez meses por este caso.
Tomás Rivas está siendo investigado por supuestamente pagar a tres de sus empleados con dinero del Estado. Está imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Carlos Portillo fue acusado por el hecho punible de tráfico de influencia, tras la difusión de un audio en el que se lo escucha hablar de un pago de USD 3.000 para lograr una resolución judicial.
