El documento señala que hubo limitaciones en la verificación de los salarios abonados con fondos del bono G8.
Aunque se encontró documentación respaldatoria, “debido a la magnitud del universo de beneficiarios y a la ausencia de mecanismos sistematizados que permitan vincular directamente cada desembolso con la situación laboral vigente de los funcionarios, no fue posible confirmar la trazabilidad completa de cada beneficiario”.
Según el informe, esta falencia en la estructura organizativa y documental del ente “dificulta la validación plena de la legitimidad de los pagos” y abre el riesgo de que personas sin vínculo formal con la Comuna hayan percibido salarios, lo cual resulta especialmente preocupante por el volumen de recursos comprometidos.
Finalmente, se indica en el informe que al 24 de junio de 2025, la cuenta habilitada para la administración del bono G8 solamente tiene G. 23.286.519.
En la última parte de la primera observación del uso de los bonos G8, el informe concluye severamente sobre el uso desordenado y caprichoso de los recursos de los asuncenos.
“La superposición de conceptos falaces e ilegales como el de la Cuenta Única municipal, el desconocimiento y falta de aplicación correcta de las normativas legales y financieras de buena gestión de fondos, y presumiblemente una inexistente moral de cumplimiento y falta de celo en la gestión de los administradores públicos municipales tuvieron por resultado un nivel de desorden financiero e institucional pocas veces visto”, expone el informe.
Y finaliza apuntando que “la violación de la ley y/o normativa, la violación de la confianza institucional y pública requieren resarcimiento y corrección para que las finanzas del Municipio puedan volver al cauce del cumplimiento”.
