18 jun. 2024

Inexcusable lentitud de Fiscalía en el caso Marcelo Pecci

El caso del asesinato del fiscal contra el crimen organizado Marcelo Pecci es uno de los más importantes desafíos para la Justicia paraguaya. El atentado ocurrió en mayo de 2022, en una playa colombiana durante la luna de miel del funcionario; a dos años, aquel país ha cumplido con creces al investigar y actuar con diligencia, logrando la condena de los autores materiales. Hace dos años, por parte de la titular de la Fiscalía solo hubo gestos emotivos y mediáticos, mientras que la nueva administración abusa de la indecisión y de las excusas.

El crimen del fiscal Marcelo Pecci representa un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país. Precisamente por esta circunstancia, es absolutamente imprescindible que el Ministerio Público muestre mayor eficiencia y sea capaz de encontrar justicia para Pecci. El crimen organizado representa una seria amenaza para nuestro sistema democrático.

Como una alternativa de respuesta ante las críticas por la inacción y el hermetismo en las diligencias, el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, brindó una conferencia de prensa, en la que presentó una suerte de recuento de las acciones emprendidas. Lamentablemente el informe estuvo plagado de las mismas excusas que refuerzan los cuestionamientos: se sigue notando la inconsistencia en la investigación y pocos avances para identificar al autor intelectual del asesinato.

Las expectativas eran elevadas, pues se esperaba que se dieran a conocer los detalles de un informe; sin embargo, Rolón se limitó a justificar la falta de avances de la investigación en el país. “En principio tuvimos la autorización de la viuda (Claudia Aguilera) para que nos entregue el celular (de Marcelo Pecci). Luego –ella sabrá los motivos– el 29 de abril de este año desautorizó, diciendo que la exclusividad del análisis del celular estaba a cargo de Colombia y también de Estados Unidos”, insistió.

Otros agentes que vienen trabajando en el caso presentaron algunas de las diligencias que han venido realizando ante las autoridades colombianas; y el encargado de Asuntos Internacionales del Ministerio Público sostuvo que no tienen respuestas a los envíos de exhorto para conformar un equipo conjunto entre Paraguay-Colombia, un equipo que sería conformado por autoridades policiales, judiciales y fiscales, de modo a evitar la burocracia.

Persisten también los cabos sueltos; una de las cuestiones llamativas es la incapacidad para peritar teléfonos y otros aparatos incautados de las celdas de Kassem Mohamad Hijazi, brasileño de origen libanés acusado por lavado de dinero, quien, luego tras casi un año de detención en Paraguay, fue extraditado a los Estados Unidos. Así como también la traba impuesta en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para investigar al equipo de fiscales que estuvieron en el inicio de la investigación; el Senado anterior había denunciado por mal desempeño a los tres fiscales de la causa que llevaban: Lorenzo Lezcano, Alicia Sapriza, Federico Delfino y Manuel Doldán.

Otro hecho llamativo fueron las declaraciones del ministro de Justicia, Ángel Barchini; el funcionario vinculó la muerte de Marcelo Pecci con “gente, empresarios, que han sido asesinados” en Paraguay, aunque no dio mayores detalles.

El asesinato de Pecci fue sin dudas un mensaje de la mafia para infundir temor y detener investigaciones; es sabido que, como integrante de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, el fiscal era uno de los agentes que dirigía investigaciones vinculadas con el narcotráfico, y gozaba de credibilidad. Había dirigido investigaciones relacionadas al operativo A Ultranza Py, la mayor operación antidrogas de nuestra historia, así como otros hechos relacionados, como el atentado del que fue víctima el empresario Mauricio Schwartzman; el homicidio de Fátima Rejala, quien fuera empleada del clan Insfrán.

Se describe como gobernanza criminal a la forma en que los grupos criminales someten a la ciudadanía y al Gobierno al miedo, para imponer sus reglas y condicionar nuestras formas de ser. El crimen del fiscal Pecci es el mensaje, y de momento nuestra frágil institucionalidad está poniendo en riesgo a la misma democracia, permitiendo que el autor moral del crimen siga impune.

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