Hasta la fecha, están provocando incendios para la producción de carbón y la venta de madera.
El propietario del inmueble es una firma multinacional panameña denominada Pelux SA que cuenta con inversores de Panamá, Suecia, Suiza, Alemania y Brasil. El inmueble, compuesto por 4.000 hectáreas, fue adquirido por la empresa extranjera en el año 1972. El valor actual de cada hectárea es de USD 20.000.
Representante legal. Diego Troche Robbiani, representante legal de la empresa, informó a ÚH que posee una orden judicial de desalojo, firme y ejecutoriada (ver facsímil de apoyo), aun así la Policía Nacional sigue sin actuar.
“La invasión está siendo tolerada por las autoridades. Hace 10 años, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) ya había adquirido de los mismos inversionistas unas 1.000 hectáreas. Luego de ello, invadieron otras áreas del inmueble. Actualmente, realizan extorsiones, chantajes y cobran peajes fraudulentos a los trabajadores, agricultores y empleados de la empresa”, lamentó el representante legal.
Troche explicó que la comunidad nativa cuenta actualmente con unas 5.400 hectáreas ubicadas en las adyacencias del inmueble de sus representados. Pero estas tierras están alquiladas a sojeros brasileños por sumas irrisorias, según datos que el abogado maneja.
“El negocio está en la venta de madera. Existen tierras que el Indi les compró colindantes a la de nosotros. En ese lugar, talaron totalmente los bosques con el fin de la venta de la madera, ya que en la zona existen maderas muy valiosas”, explicó.
Según estimaciones del entrevistado, los nativos ya desmontaron unas 2.000 hectáreas de bosques en su inmueble y les queda solo unas 1.500 hectáreas de reserva que ahora están quemando ante la inacción policial, del Indi y del Instituto Nacional Forestal (Infona).
DETALLES. La invasión se produjo en el año 2021 aproximadamente. Los nativos subalquilan los inmuebles ajenos a invasores extranjeros, entre ellos Rolando Ramos e Ismairto Pierreti Junior, brasileños dedicados a la soja, mediante la usurpación de inmuebles que logran gracias a medidas cautelares expedidas por jueces y fiscales corruptos, según la denuncia.
Los jueces que otorgaron medidas cautelares a los invasores son Josefina Gunset a Rolando Ramos y Miguel Ángel Riquelme a Ismairto. Este último juez justamente fue suspendido en junio pasado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por mal desempeño de funciones en dos expedientes. Gunset, en cambio, continúa en funciones a pesar de las denuncias.
VIOLENCIA. El pasado jueves, en el mismo inmueble, empleados de la firma sufrieron el ataque de unos veinte indígenas a bordo de motocicletas, conjuntamente con el abogado Christian Aguayo e Ismairto Pierreti.
Según Troche, este tipo de asaltos son comunes en el inmueble. Empleados de la firma lograron repeler el ataque. Posteriormente, efectivos policiales llegaron al lugar ya cuando los nativos huyeron.
