08 ago. 2025

“Inculcamos el hecho de ser servidores de la sociedad y transmitimos eso”

Desde la Fiscalía General impulsaron la Dirección de Auditoría de Gestión Fiscal, en donde se dan recomendaciones de las investigaciones tanto al adjunto como al titular del Ministerio Público.

30468501

Sin definición. Encontraron carpetas sin que se definan, como desestimación o imputación.

RENATO DELGADO

¿Cómo funcionan las auditorías de gestión fiscal en el Ministerio Público? El ex juez Rubén Riquelme habla de los dos años de gestión de la nueva dirección, de los hallazgos en las auditorías de las carpetas fiscales y los desafíos que todavía se tienen.
–¿En qué consiste la Dirección de Auditoría de Gestión Fiscal del Ministerio Público?

–Esto entra cuando viene el Dr (Emiliano) Rolón y él desiste de acciones que hacen al control de la institución y que la institución se rija por normas de control y permite con eso el ingreso de la Contraloría, encargada de que en todas las instituciones rijan las normas de requisitos mínimos para el sistema de control

Los anteriores fiscales generales presentaron una acción de inconstitucionalidad a los efectos de no seguir las normas mínimas de control y otras normas, como el hecho de que se conforme comisiones para hacer el Código de Ética, como tener un ambiente de control en las áreas; también el tema de tener portales de transparencia, todo eso va de la mano al control de una institución pública.

Una de las líneas del plano estratégico institucional 2023 al 2028 del fiscal general crea lo que ahora es la Dirección de Auditoría de Gestión Fiscal, que antes era la Dirección de Control de Gestión, lo dejó de ser de control para hacer un auditoría de gestión fiscal, en el sentido de tener acciones para ver cómo están funcionando la Fiscalía en general y en particular para luego sugerir mejoras en la función.

Se organiza esta dirección a mi cargo y con un Departamento de Control de Gestión programado que son los controles que hacemos en general, en determinadas Fiscalías, barrial, zonal, Unidad Fiscal Especializada también.

Presentamos al principio del año al fiscal general un calendario tentativo de visitas. Las visitas son con nuestros funcionarios que acuden al lugar de la Fiscalía y tomamos muestras de un 20% a un 30% del caudal de investigación que tengan.

Usamos formularios que nosotros los construimos y son aprobados por la fiscal general, que contemplan el tiempo que se está llevando adelante la investigación y los plazos que están siguiendo también, si la declaración indagatoria fue tomada en sede fiscal correctamente, de acuerdo a lo que dice la norma.

Otra cuestión es que vemos del control de gestión de evidencias, que tampoco existía, para saber por lo menos dónde están las evidencias, si están en la Fiscalía, en los depósitos o en una comisaría.

–¿Qué van encontrando en estos dos años de gestión?

–Encontramos una gran cantidad de investigaciones que pudiendo cumplir con las normativas de ser desestimadas o imputadas, no lo hacen en un tiempo prudencial. Entonces, nosotros hacemos nuestros reportes para que el fiscal general y/o los fiscales adjuntos tomen las medidas correctivas.

–¿Se puede hablar de inacción en ese caso?

–Puede haber acción, pero no hay definición. Tenemos que hablar de definición más que de inacción. Podés hacer 100 diligencias, pero se va el tiempo. Tenés ya un año, pero no definir, no desestimás, ni imputás.

Vemos los números que tenemos. Por ejemplo, en violencia familiar los números son tremendos aquí, en capital. Hay 1.000 denuncias por cada fiscal por año y algo imposible también. No es lo mismo un fiscal que en su unidad tenga 200 causas al año, como una de violencia familiar.

–Una vez que ustedes ven la sobrecarga de trabajo, ¿recomiendan a la Fiscalía General ciertas acciones?

–Al fiscal general directo. Solo que el fiscal general no contaba con recursos y ahora se está definiendo y después nos entran controles específicos; es decir, si hay gente, personas que se sienten afectadas y vienen, entra por a la Fiscalía General para que hagamos un control, una auditoría. Nosotros hacemos por autorización del fiscal general. No hacemos de oficio. Ese departamento se llama Control Específico de la Gestión, el otro se llama Control Programado en la Gestión.

El Ministerio Público está carente de números en cuanto a productos, producto en el sentido procesal como la desestimación, imputar, acusar y al final si se llega a una condena o una salida alternativa es el producto final y en eso estamos nosotros para informar lo nuestro en un auditoría si el fiscal general o se derivará eso a la Inspectoría o derivará al fiscal adjunto para su control.

Nosotros le damos una mirada forense al cuaderno de investigación.

–En cuanto a las recomendaciones que realizan, por ejemplo, a los fiscales adjuntos para que evalúe dentro de las unidades que tiene a su cargo, ¿cómo se controla que se cumpla?

–Nosotros tenemos que hacer un seguimiento, eso es según ahora hay resoluciones que han salido… El control de los puntos otra vez va a depender de la capacidad de funcionarios que tenemos.

–¿Qué evaluación merece el trabajo de estos dos años?

–Antes no había mucha coordinación con las direcciones de apoyo, nosotros ahora trabajamos con la Dirección de Planificación, la Dirección de Informática. Se desarrolló un programa de la carpeta fiscal digital y eso también implementamos en el país de a poco. ¿Por qué eso nos vincula? porque en eso es una herramienta de trabajo que los fiscales están cargando.

Nuestro problema generalmente es para tener los insumos, que es el cuaderno de investigación fiscal. En la medida que vaya avanzando con la Dirección de Informática que es la digitalización de los casos, podamos nosotros acceder a la investigación.

Lo otro que hemos detectado es que cuando viene un nuevo fiscal a la unidad es como que deja un poco de lado las anteriores investigaciones, como si no fueran su responsabilidad, y eso es un error de concepto de parte del agente fiscal.

Una unidad fiscal todo lo que recibe del anterior debe ser impulsado tal de la misma manera

–¿Se pretende llegar a todo el país?

–La idea nuestra. La auditoría no es como una investigación de la causa, sino es una mirada forense, una mirada si se están llevando correctamente, y es a los efectos de sugerir recomendaciones y que se hagan las mejoras, a los efectos de que obviamente la sociedad vea un producto.

–¿La misión apunta a la sociedad?

–Nosotros inculcamos el hecho de ser servidores de la sociedad, y estamos convencidos, y transmitimos eso en nuestras visitas.

A veces tenemos buena recepción, otras tenemos problemas, porque son inmensos los conflictos. Tenemos que entender que la República no está muy ordenada la parte administrativa; entonces, todo se recurre al órgano penal.

En violencia familiar, los números son tremendos aquí en capital. Hay 1.000 denuncias por cada fiscal por año y algo imposible. No es lo mismo un fiscal que tenga 200 causas.

Nosotros inculcamos el hecho de ser servidores de la sociedad, y estamos convencidos, y transmitimos eso en nuestras visitas. A veces tenemos buena recepción, otras tenemos problemas.

Rubén Riquelme
Es abogado, magíster en Ciencias Penales. Fue funcionario fiscal y director del Centro de Investigación Judicial. Fue fiscal especializado contra Delitos Intelectuales. Estuvo como juez penal. Fue director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Nacional de Inteligencia y hoy es director de Auditoría de Gestión Fiscal del Ministerio Público.

Más contenido de esta sección
La Corte rechazó la recusación que planteó la defensa del condenado Raúl Fernández Lippmann, ex secretario del JEM, contra los camaristas Arnulfo Arias y Digno Arnaldo Fleitas. Pese a que su condena fue ratificada por el Máximo Tribunal, sigue sin cumplir su pena de siete años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El Tribunal de Sentencia fijó para el próximo 8 de octubre, al mediodía, el inicio del juicio oral y público contra la odontóloga, el anestesista y el endodoncista acusados de la muerte de la niña Thirza Belén Portillo, durante una intervención odontológica en el 2021.
Con varias declaraciones testificales, siguió esta mañana el juicio oral contra Juan Sebastián Coronel, encargado del Centro Cultural La Chispa, acusado por supuesta contaminación del aire y ruidos dañosos, ante el Tribunal de Sentencia. La defensa anunció que ofrecerá como testigo a la ministra de Cultura, Adriana Ortiz Semidei.
El juez de Garantías Rolando Duarte advirtió que no vacunar a los niños constituye un delito penado por la ley. Señaló que se configura como el hecho punible de violación del deber de cuidado y educación, y que, en casos graves –cuando el menor muere a raíz de la enfermedad–, incluso podría tipificarse como homicidio doloso.
El Juzgado dio lugar para que la Fiscalía realice 25 diligencias en la causa en la que estaba imputado el intendente de Lambaré por el fallecimiento de los sargentos Alexis Teobaldo Sosa y Domingo David Ríos, quienes cayeron a una arroyo en pleno tormenta, el 2023.
La imprudencia de un motociclista que frenó de manera repentina provocó el vuelco de un camión de gran porte que transportaba ladrillos sobre la ruta PY03, en la localidad de Remansito, de la ciudad de Villa Hayes, según los reportes. Afortunadamente, no se registraron heridos en el aparatoso accidente.