Se trata de Débora Graciela Dávalos Santacruz, de 32 años, quien presumiblemente se hizo pasar por una asistente fiscal para sacar una importante suma de dinero a un imputado por violencia familiar en Ciudad del Este.
Según los datos de la investigación, Dávalos Santacruz, en connivencia con otras personas, contactó a Pedro Germán Ocampo, quien había sido denunciado por su expareja por un caso de violencia intrafamiliar.
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La estudiante presuntamente le ofreció ayuda para solucionar su caso a cambio de G. 20 millones. El citado, creyendo que la mujer era una funcionaria fiscal, accedió a pagar el monto solicitado.
Al principio entregó dos pagos de G. 10 millones cada uno. Sin embargo, la situación procesal no se resolvió.
Dávalos Santacruz y sus cómplices siguieron pidiendo dinero a Ocampo, esta vez G. 7 millones para levantar la orden de detención que pesaba en su contra. Dicho monto supuestamente era para pagar a la Dirección de Policía de Alto Paraná.
El hombre, en total pagó G. 27 millones, pero no encontró solución a su problema, ya que le pidieron otros G. 18 millones para darle supuestamente salida al pleito judicial. Ya sin recursos, Pedro Ocampo denunció el caso a la Fiscalía.
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El fiscal Villasanti realizó la investigación y logró identificar a los responsables de la supuesta estafa.
Inicialmente ordenó la detención preventiva de Débora Dávalos Santacruz, quien fue privada de libertad este 28 de noviembre.
La mujer es comerciante y fue detenida luego de denunciar un millonario hurto en su tienda de ropas, luego de que la Policía Nacional consultara sus registros y saltara una orden de detención en su contra.
El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de la sindicada, con el fin de garantizar la continuidad del proceso penal y evitar que siga cometiendo hechos similares.
Al mismo tiempo, la Fiscalía se encuentra recopilando pruebas contra las demás personas que estarían involucradas en el ilícito, con el objetivo de someterlas a procesos penales. Entre los sospechosos aparece un agente de la Policía Nacional.
Inicialmente, el agente fiscal había dicho que la imputación sería por extorsión, pero finalmente fue por estafa.
