Wilson Ferreira
CIUDAD DEL ESTE
Después de tres años de haber presentado la denuncia el ex concejal municipal Celso Kelembu Miranda, finalmente los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, imputaron a Miguel Prieto Vallejos, intendente de Ciudad del Este, por el hecho punible de lesión de confianza.
Rápidamente el juez de Delitos Económicos José Agustín Delmás admitió la imputación y fijó las fechas de audiencias de imposición de medidas, que será entre el próximo viernes 28 y lunes 31 de julio.
Los otros imputados en la causa son Maggi Fariña, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, ex director de Desarrollo Social y actual concejal municipal; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL, y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de Vanemi SA.
La causa se origina en la supuesta compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familias de escasos recursos, que habría ocasionado un perjuicio de G. 1.769.790.000 a las arcas municipales. La adquisición se concretó en abril de 2020, durante la pandemia del Covid-19, por vía de la excepción. Fue adjudicada la empresa Tía Chela SRL. La imputación dice que se habría ajustado o simulado una cadena de compraventa, en la cual había participado la firma Vanemi SA, cuya representante legal Emili Vanessa Florentín Páez es del entorno de Prieto. Los fiscales solicitaron el arresto domiciliario de Prieto. “Realizamos con Tributación la trazabilidad de la compra de estos productos. Con esto llegamos a una persona que no es un contribuyente real y hemos detectado inconsistencias en esas operaciones, también la inexistencia del stock de esas mercaderías”, explicó Corbeta.
Añadió que se detectó que las planillas de los supuestos beneficiarios eran firmadas por una misma persona.
“La empresa contratada no tendría la capacidad financiera y técnica de poder cumplir con el pedido por la cantidad de productos solicitados. La empresa tiene un pequeño local en CDE cuyas dimensiones ni servirían de depósito para la cantidad de kits que supuestamente estaba proveyendo”.
Este caso fue dos veces auditado por la Contraloría.
“Descabellado”. El intendente Prieto asegura que la causa no se justifica y que incluso afirma que la causa debió ser desestimada. Insiste en su inocencia, calificó la imputación de descabellada y que todo tiene que ver con una cuestión política. “Me parece una estupidez lo que están haciendo. Ya deberían haberme sobreseído. Pero como son cuestiones políticas siguen con esto”, refirió. “Repartimos más de 75.000 kits de alimentos en tiempo récord, en un momento sensible con gente pasando hambre en plena pandemia. No espero que sean justos. Pero tampoco esperen que me quede callado. Esto es descabellado. En cualquier país serio yo ya iba a ser sobreseído. Pero estamos, acá, yo voy a pelear en la justicia”, afirmó al tiempo de ratificar que los kits se entregaron. “Capaz se cuestione el proceso, que era de emergencia como hicieron todos los demás municipios. Estábamos en pandemia, gente golpeando olla frente a mi casa”, indicó.
