El informe de la Fiscalía refiere que la imputada, incluso, se habría fugado de un centro asistencial con la niña, quien fue contagiada de una enfermedad de transmisión sexual, tratando de evitar que el caso llegara al conocimiento de las autoridades.
Sin embargo, terminó privada de libertad, quedando a cargo del Ministerio Público, según informó el corresponsal de la zona, Wilson Ferreira.
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Según la investigación, el 22 de noviembre de 2024, la ahora procesada habría llevado a su hija menor hasta la Policlínica de la Universidad Central del Paraguay, en el km 8 de Ciudad del Este, por un cuadro doloroso en la parte íntima.
Tras la inspección física, la médica de guardia detectó que la pequeña presentaba heridas que serían a consecuencia de una enfermedad de transmisión sexual.
Luego, informó a la madre sobre el protocolo a seguir, cual es la comunicación del caso a las autoridades, por lo que la mujer huyó rápidamente, tratando de evitar el procedimiento de rigor.
En esa ocasión, fue perseguida, retenida y entregada a los agentes policiales de la zona y el hecho fue comunicado a la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes.
En el marco de la investigación del hecho se pudo confirmar además que, previamente, el 19 de noviembre de 2024, la hoy imputada ya había acudido al Hospital Regional de Ciudad del Este con la víctima, porque la misma presentaba dolor en su parte íntima.
En esa oportunidad, la paciente fue inspeccionada por la médica de guardia, quien detectó diversas lesiones en sus genitales. En dicha oportunidad, advirtió a la madre sobre la sospecha de abuso sexual y que el caso sería comunicado a las autoridades de la Policía Nacional y el Ministerio Público.
La procesada también escapó del lugar con la niña en dicha ocasión, hecho que fue informado a la Fiscalía a través de una nota de la subcomisaría 3ª del barrio Santa Ana, que intervino inicialmente en el caso.
Una vez que la niña fue inspeccionada por una médica forense del Ministerio Público, se constató plenamente que la misma era abusada sexualmente y presentaba una enfermedad de sífilis.
Basándose en los elementos incriminatorios, la fiscala Julia González decidió imputar a la madre por abuso sexual en niños y violación del deber del cuidado.
En ese sentido, también solicitó su prisión preventiva, considerando la gravedad del caso. La representante del Ministerio Público también indaga el nombre completo y todos los datos del presunto abusador para someterlo también a un proceso penal.
La semana pasada nada más el Congreso decidió elevar a 30 años de cárcel los casos de abuso sexual en menores de edad, igualando la pena a la de homicidio, la máxima prevista en el Código Penal.
La identidad de la víctima, la madre y el presunto autor de los abusos se omite en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.
