Varios profesionales del ámbito legal y funcionarios de instituciones vinculadas a la magistratura fueron imputados por la presunta comisión del hecho punible de producción de documentos no auténticos en su modalidad de uso. El responsable de la presentación es el agente fiscal Leonardi Guerrero, titular de la Unidad Penal 17 de la capital, en la causa N° 8560/2025, caratulada Schirley Paola Irala Leite y otros sobre producción de documentos no auténticos.
Los imputados son Schirley Paola Irala Leite, ex actuaria judicial de Curuguaty; Adán Fredy Rolón Villareal, asistente fiscal de Coronel Oviedo; Mario Brítez Ruiz Díaz, ex magistrado judicial; Librada Beatriz Peralta Céspedes, actual jueza Penal de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero, quienes habrían participado en calidad de autores en el hecho punible. También fueron imputados en la causa Rafael Prieto Quintana, funcionario de Archivo del Consejo de la Magistratura, quien habría participado en calidad de cómplice; y Tomás Rodrigo Ávalos Sanabria, funcionario de la Escuela Judicial, quien habría participado en calidad de instigador en el hecho punible.
De acuerdo al documento de presentación, las primeras cuatro personas imputadas son postulantes a cargos convocados por el Consejo de la Magistratura en distintos edictos para ocupar cargos judiciales. Los mismos habrían utilizado notas de actualizaciones de legajos, certificados de estudios de especializaciones, certificado de Escuela Judicial, constancias académicas del curso de formación continua de la Escuela Judicial y de instituciones de enseñanzas privadas.
La imputación señala que, mediante la investigación se pudo constatar que en relación al certificado de especialización del Derecho Procesal Penal, el curso había dictado la Universidad Privada del Este y otorgó dicho documento a favor de la abogada Liliana Galeano; sin embargo, las personas hoy imputadas habrían utilizado copias del mismo certificado con sus datos personales y dieron ingreso a la página web del Consejo de la Magistratura, con el propósito de sumar puntuaciones a favor al momento de las evaluaciones y eventualmente integrar ternas en las judicaturas concursadas.
La recepción y carga de los documentos adulterados a la página web de la institución habría sido facilitado por el funcionario del Consejo de la Magistratura, Rafael Prieto, y el funcionario de la Escuela Judicial, Rodrigo Avalos, quienes habrían actuado en connivencia para dar ingreso a los documentos apócrifos para favorecer a los concursantes en la ponderación que pueda dar a los mismos el Consejo de la Magistratura al momento para integrar las ternas a cargos para fiscales, jueces o defensores públicos.
