El fiscal abogado Luis Said, titular de la Unidad 4 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó a Roberto Alejandro Garcete Cano, ex presidente del Club Resistencia, a sus hijos Roberto Damián Garcete Rodríguez y Fabiana Soledad Garcete Cano.
Además fueron imputadas su esposa, Lida Concepción Cano, y la escribana María De Lourdes Duarte Franco, por los supuestos hechos de lavado de dinero, asociación criminal, usura y falsificación de documentos, entre otros delitos.
Al respecto, el agente solicitó al Juzgado que ordene como medidas alternativas el arresto domiciliario, la prestación de una caución real, por la suma de G. 1.500.000.000 y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con las víctimas de los supuestos hechos.
El caso. El 26 de junio de 2013, Miguel Eladio Britos y sus hijas María Laura Britos y Rossana Britos habían solicitado un préstamo de G. 200.000.000 a Garcete Rodríguez, con la finalidad de saldar otra cuenta que mantenían con una entidad bancaria, cuenta que se encontraba con garantía de un inmueble de la ciudad de Luque, en hipoteca.
El prestamista Garcete Rodríguez estableció como exigencia la formalización de un documento por el que María Laura y Rossana Britos debían comprometerse al pago del préstamo, garantizando la operación con el mismo inmueble gravado con la hipoteca antes citada.
La exigencia en realidad se trataba de la venta del inmueble a Roberto Garcete, a través de una escritura pública, formalizada por la escribana María Lourdes Duarte.
Dicha operación no había sido acordada por la familia Britos Báez; además, la escritura fue presentada recién en 2015 en el Registro Público, con modificaciones.
Entre los años 2013 y 2014, Eladio Britos hizo pagos en concepto del préstamo a Roberto Garcete, totalizando la suma de G. 100.000.000.
En 2014, Britos entregó dos cheques por valor de G. 300.000.000, con los que saldaba la cuenta, pero le sobraban G. 100 millones que Garcete decidió quedárselo en concepto de intereses.
En noviembre de 2014, Garcete convocó a Britos a la oficina de González Daher, quien les impuso un plazo de treinta días para que desalojen su vivienda, que había sido objeto de garantía del préstamo de G. 200 millones.
En diciembre de 2014, Garcete de nuevo convocó a las víctimas a una reunión en la oficina de González Daher. Garcete Rodríguez les expresó que si querían recuperar su casa debían pagar la suma de G. 2.257.440.000, que fue firmado en cuatro cheques.
