El propio Ministerio de Economía largó el dato la semana pasada en el marco de su proyecto de desarrollo de aquí al 2050: En apenas 25 años habrá en el país 94 ancianos (entre los que estaré incluido, si la parka no me lleva antes) por cada cien niños y adolescentes. Para entender la pesadilla financiera que este dato demográfico supone basta recordar que hoy solo dos de cada diez trabajadores aportan para la seguridad social. O sea que, por cada centenar de párvulos habrá alrededor de ochenta adultos mayores sin ingresos ni cobertura médica. La fuerza laboral ocupada de entonces tendrá que hacerse cargo no solo de pagar la crianza y educación de los niños, también de cuidar y alimentar a sus padres y abuelos. Alguno puede alegar que eso siempre fue así y tendrá toda la razón; la diferencia radica, sin embargo, en el número. Los adultos mayores jamás en toda nuestra historia representaron un porcentaje tan alto de la población como ocurrirá en el próximo cuarto de siglo. Estaremos padeciendo el mismo proceso de envejecimiento de la población que experimentan todos los países desarrollados, solo que nosotros seguiremos en el subdesarrollo. La necesidad de médicos, hospitales y medicamentos se disparará brutalmente. Si hoy los recursos son insuficientes, me asusta imaginar lo que puede ocurrir en ese futuro inmediato.
Suponer que este drama se puede enfrentar con ese parche bochornoso que suponen las pensiones para la tercera edad es desconocer las matemáticas. Aun con la miserable pensión que hoy se paga a un reducidísimo número de beneficiarios, el costo resulta ya más que importante. Pretender ampliarlo para cubrir a todos en los próximos lustros implica la generación de un agujero fiscal diez veces mayor que el que provoca hoy la desmadrada Caja de los Jubilados del Estado.
Para enfrentar este culebrón solo hay dos caminos que indefectiblemente debemos tomar y en simultáneo. El primero, obviamente, es preparar a esos niños y adolescentes para que puedan mejorar la escasa productividad que hoy logramos sus padres y abuelos y lo segundo, necesitamos formalizar el mercado laboral lo más rápidamente posible. Incrementar el número de trabajadores adscritos a la seguridad social es la única manera de evitarnos un futuro degradante en nuestra ancianidad.
Por último, ningún esfuerzo en ambos sentidos tendrá mucha relevancia si no reformulamos ya los sistemas previsionales vigentes. Es inmoral que la mayoría de los contribuyentes –que nunca tendrán el beneficio de la jubilación– paguen con sus impuestos la debacle de la Caja Fiscal y el mantenimiento de privilegios inadmisibles como la jubilación vip de los parlamentarios.
La seguridad social debe tener las mismas reglas para todos e incluir a la totalidad de los trabajadores del país. Mantener las cosas tal como están es obligar a esos mismos niños a quienes no les estamos garantizando una educación de calidad a que mañana se hagan cargo de nosotros. Les arruinamos la infancia e hipotecamos su futuro.
