Los abogados del legislador cartista Hernán Rivas presentaron un nuevo recurso de reposición y apelación con el objetivo de que se devuelva la imputación al Ministerio Público, por no reunir los presupuestos previstos en el artículo 302 del Código Procesal Penal, que habla de los requisitos del acta de imputación, informó la periodista de Última Hora, Liz Acosta.
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La jueza Lici Sánchez convocó una audiencia para el próximo martes 26 de marzo, con el objetivo de escuchar a los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres Alsina, que forman parte de la defensa técnica del senador Hernán Rivas.
Los abogados de Rivas ya habían planteado un recurso de reposición contra la resolución del juez Miguel Palacios, que admitió la imputación y citó al senador para la imposición de medidas el 23 de febrero.
Palacios había rechazado el recurso con el que la defensa buscaba que el mismo magistrado revisara su fallo y devolviera la imputación al Ministerio Público.
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Sin embargo, el juez rechazó el recurso. Pero, dio trámite a la apelación subsidiaria, con lo que el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, integrado por los camaristas Bibiana Benítez, José Agustín Fernández y Delio Vera, atendió el pedido y decidió devolver la imputación al Ministerio Público.
Los camaristas argumentaron falencias y omisiones que imposibilitarían el ejercicio de la defensa. Los jueces incluso indicaron que la fundamentación de la imputación es escasa y contradictoria y que ameritaba un nuevo análisis.
Por su parte, la fiscala Daniela Benítez, en representación del Ministerio Público, se ratificó en la imputación presentada por su colega Patricia Sánchez, quien inició la investigación contra el legislador, tras la denuncia de la suspendida fiscala Casse Giménez.
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Los abogados de Rivas esperan que el Ministerio Público arregle los puntos ya señalados por el Tribunal de Apelación Penal, que no fueron corregidos. La audiencia de imposición de medidas está fijada para el próximo viernes 5 de abril.
La imputación contra Rivas es por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
El senador cartista incluso llegó a ocupar el cargo de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano extrapoder encargado de sancionar a fiscales y jueces. Tras las críticas a su título y la presión ciudadana, finalmente pidió permiso y fue reemplazado en el cargo.
