Heisele critica que le imputen por G. 9.451 millones (USD 1.658.244), mientras que evitó daños “siderales” al país.
Explicó que heredó la obra de sus antecesores Germán Fatecha y Alex Duré. Cuando asumió en el cargo ya había un 22% de avance y estaba obligado a concluir los trabajos en el plazo establecido. Comentó que la construcción en sí de la línea de transmisión de 500 KV estaba a cargo de Itaipú, mientras que la empresa estatal debía liberar los inmuebles que comprometían el montaje de la infraestructura.
A su consideración se hizo un trabajo titánico frente a las dos situaciones que podían surgir; “Si no se concluía esa obra, la situación técnica de suministro para el país iba ser caótica, catastrófica y con daños realmente siderales; y en segundo lugar, teníamos el apremio de la propia Itaipú, que era el ejecutor de la obra en sí, ya que la ANDE era solo la responsable de liberar la franja, de cargar sobre la misma los montos de atraso que se generaron por la falta de liberación de franja en el tiempo oportuno”, expresó en la 1080 AM.
Relató que el conflicto se originó únicamente en Hernandarias, en medio de manifestaciones de pobladores y la participación de autoridades. “Si queríamos tener apoyo de la Policía también teníamos que pagar viáticos”, indicó.
Se fue negociando la indemnización hasta que se llegó a un acuerdo “extrajudicial”, según admitió, pero con acompañamiento de abogados y auditorías de las gerencias financieras. A su criterio, la vía judicial hubiera demorado y no se hubiera cumplido con la urgencia de la construcción.
Heisele se siente sorprendido por la imputación promovida por los fiscales José Dos Santos y Martín Cabrera y sostiene que “jamás puede interpretarse que hubo una lesión para la empresa”.
La carpeta fiscal además incluye a Mónica Beatriz Rodríguez Rolón, jefa de la Oficina de Asistencia Jurídica a Proyectos de Sistemas de Transmisión de 500 KV; Jacinto Bernal Ovelar, quien se desempeñaba como coordinador del Gabinete de la Presidencia; así como también Ángel Javier Galeano y René Aranda, abogados que representaban a varios afectados.
Este caso inició de oficio con base en publicaciones periodísticas de este diario, en agosto de 2013, a raíz de una investigación que reveló los pagos millonarios con la complicidad de funcionarios de la empresa estatal.
