Hay 8 detenidos por red de sobornos durante Gobierno de Dilma Rousseff

Entre los detenidos este viernes figura el empresario Joesley Batista, uno de los dueños de la JBS, quien ya había sido arrestado el año pasado tras irregularidades presentadas en unas declaraciones que dio en el marco de un acuerdo de colaboración con la Justicia y que pusieron contra las cuerdas al presidente del país, Michel Temer, al ser acusado de corrupción.

También fue detenido el actual vicegobernador del estado de Minas Gerais, Antonio Andrade, del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB) -formación que lidera Temer-, quien fue ministro de Agricultura durante el Gobierno de Rousseff, informó este viernes la Policía.

Las acciones adelantadas por la Policía corresponden a un desdoblamiento de Lava Jato, la operación que desveló el mayor escándalo de corrupción del país.

En la operación, la Policía salió a la calle para cumplir 19 mandatos de prisión temporal y 63 allanamientos en los estados de Brasilia, Minas Gerais, Sao Paulo, Río de Janeiro, Paraíba y Mato Grosso.

Según las investigaciones, en el ministerio de Agricultura, la red corrupta se encargaba de recaudar sobornos de la JBS para beneficiar a políticos del MDB a cambio de beneficios para las empresas del gigante cárnico.

Batista ya había sido denunciado por la Fiscalía por supuestas irregularidades en las negociaciones que desembocaron en un acuerdo de colaboración entre las autoridades judiciales y ejecutivos de la compañía, quienes el año pasado acusaron de corrupción a centenares de políticos, entre ellos al propio Temer.

El acuerdo de cooperación, que en principio le valió a Batista para mantener la libertad, fue anulado por la Fiscalía General cuando se comprobó que en sus declaraciones había omitido información sobre diversos casos o simplemente había mentido.

Batista fue a la cárcel en septiembre de 2017 por esas omisiones, pero en marzo de este año la Justicia le permitió responder al proceso en libertad con medidas cautelares.

Con base en los testimonios de los ejecutivos de JBS, la Fiscalía formuló el año pasado dos denuncias formales por presunta corrupción contra Temer, pero ambas fueron negadas por la Cámara de Diputados, que por imperativos constitucionales debe avalar el inicio de un juicio penal contra un jefe de Estado en pleno ejercicio del cargo.

Temer, que fue el vicepresidente de Rousseff, asumió el Gobierno de Brasil en 2016 luego de que la ex mandataria fuera destituida por un juicio político por irregularidades en el manejo de la economía del país.