La nueva normativa, impulsada por el Ejecutivo tras una evaluación conjunta con el presidente Santiago Peña –según indicaron desde Mburuvicha Róga–, busca convertir a Hambre Cero en una política de desarrollo económico con impacto social, generando oportunidades reales para productores, emprendedores y trabajadores, especialmente en el ámbito rural.
En este sentido, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, explicó que el decreto oficializa porcentajes mínimos ya previstos en los contratos del programa: al menos el 10% del monto contratado deberá destinarse a la compra de productos de la agricultura familiar y un 5% a los provenientes de las mipymes. Hasta ahora, estos requisitos no estaban incorporados en el marco legal, por lo que su cumplimiento no era exigible.
Con la entrada en vigencia del decreto, las empresas proveedoras deberán presentar mensualmente las facturas de compra a productores y mipymes como requisito para iniciar el proceso de pago por sus servicios. Además, estas facturas deberán cargarse en el Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. La normativa también contempla sanciones en caso de incumplimiento.
“El objetivo es dar certeza a los productores de que venderán sus productos en forma directa y con garantía de cobro. Esto fortalece el control del Estado, dinamiza la economía rural y respalda a los pequeños emprendedores del país”, afirmó el ministro Rojas.
Desde la implementación inicial del programa, ya se formalizaron más de 12.000 empleos, en su mayoría ocupados por mujeres, lo que refuerza el impacto positivo de Hambre Cero tanto en el plano económico como en el social, según resaltó la ministra de Trabajo, Mónica Recalde.
