Economía

Hacienda considera innecesaria la propuesta legislativa para el tren

 

En su informe al Senado sobre el proyecto de ley de tren de cercanías, el Ministerio de Hacienda aclara que el Ejecutivo no necesita ninguna autorización del Congreso para gestionar préstamos, considerando prácticamente innecesaria la propuesta legislativa. En efecto, el senador Stephan Rasmussen había señalado lo mismo cuando propuso modificaciones al plan.

Ocurre que el artículo 2 de la iniciativa señala: “Autorízase al Ministerio de Hacienda a realizar las gestiones correspondientes para el financiamiento del proyecto...” hasta un monto de USD 300 millones, pero el Tesoro aclara que “la autorización para el inicio de gestiones es una atribución propia del Poder Ejecutivo, sin necesidad de autorización previa por parte del Congreso Nacional”.

Hacienda detalló que se respalda en el artículo 43 de la Ley Nº 1535/1999 De Administración Financiera del Estado, que establece que “el inicio de las gestiones para la contratación de cada operación de empréstito deberá ser autorizada por el Poder Ejecutivo”. Eso sí, la cartera económica también explica que para que el instrumento de crédito sea válido, deberá contar luego con la ratificación del Congreso.

Por otro lado, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) también remitió un informe con sus objeciones. Por ejemplo, cita el artículo 6 de la propuesta, relacionada al consorcio coreano que se encargará del proyecto, consorcio que por cierto aún no está conformado. Obras Públicas recuerda que el apartado determina que en virtud del acuerdo de implementación el Estado Paraguayo, a través del MOPC, proporcionará al consorcio “pagos por disponibilidad en dólares” de los EEUU “de acuerdo con los indicadores de calidad, servicio y desempeño”, que serán fijados por el MOPC y Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa).

“La propuesta legislativa menciona que el proyecto tiene como mecanismo de retorno el pago por disponibilidad sujeto a indicadores de servicio y de calidad; sin embargo, no se identifica la fuente de los recursos para dar cumplimiento con dicho mecanismo, además no se posee un modelo financiero relacionado a la presente propuesta de ley”, cuestiona Obras Públicas.

Más. Además, el MOPC también se refiere al plan en cuanto a la previsión de la asignación de los USD 300 millones para el proyecto, y subraya que es una suma superior a los USD 275 millones presentados en el estudio de factibilidad analizado para la obtención del código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Es más, según dictamen de Hacienda, el proyecto necesita una inversión total de USD 587.740.495.

Asimismo, en la iniciativa de los senadores se establece que, a fin de dotar de recursos al fideicomiso de garantía y liquidez a ser constituido un año antes del inicio de las obras, los recursos serían previstos en el presupuesto asignado a Obras Públicas. Sin embargo, la cartera de Estado manifestó que no se determina la forma de obtención de los recursos, y reconoce que actualmente no posee ingresos suficientes para las transferencias al fideicomiso.


300
millones de dólares es el préstamo que pretende aprobar el proyecto de ley de tren de cercanías del Senado.

587
millones de dólares es el costo total del proyecto de tren de cercanías, según documentos de Hacienda.

Sin recursos para franja de dominio
En el informe que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones remitió a la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo del Senado, la cartera de Estado advierte que la iniciativa no contempla recursos para la liberación de la franja de dominio. Alerta además que la ampliación del ancho de superficie de la franja “podría incidir en el pago de indemnizaciones por liberaciones y expropiaciones”. Acota que el monto estimado para terrenos a expropiar, reubicación de residentes ubicados en el área de dominio público y las cuestiones ambientales, era de USD 33,6 millones.

El Tesoro argumenta que el Congreso pretende autorizar el inicio de gestiones de un crédito para las obras, pero afirma que el Ejecutivo no necesita permiso para ello, dejando en saco roto el plan.

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