“He ordenado el traspaso de las cuentas de la República al control del Estado venezolano y de sus autoridades legítimas, para evitar que continúe el saqueo y destinarlas a satisfacer los problemas”, señaló Guaidó en un comunicado difundido en Twitter.
Indicó que el “funcionamiento y control” de estas cuentas se someterá a la aprobación de la unicameral Cámara venezolana, de mayoría opositora, a la que propondrá que tome “las medidas necesarias para garantizar la mayor transparencia” en el uso de los fondos.
Según Guaidó, esta medida evitará que el gobernante Nicolás Maduro “y su banda” hagan uso de los recursos y “sigan robándose el dinero de los venezolanos”.
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Asimismo, informó que se inició un proceso para nombrar una nueva directiva de la estatal petrolera Pdvsa y de su filial Citgo, que opera en Estados Unidos.
Señaló que toma esta decisión para reactivar la industria petrolera venezolana, que pasa por un “oscuro momento” y para “garantizar que Citgo siga siendo de los venezolanos”.
Con todo, no avanzó nombramientos ni estableció plazos.
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Los anuncios de Guaidó surgen a la par de los que hizo Estados Unidos, que este mismo lunes informó de sanciones a Pdvsa para “evitar futuros desvíos de activos de Venezuela” por parte del Gobierno de Maduro “y mantener esos activos para el pueblo venezolano”.
La Casa Blanca informó a través del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que la vía para la suspensión de estas sanciones pasa por la “rápida transferencia del control al presidente interino”, en referencia a Guaidó, o un “gobierno posterior” elegido en comicios democráticos.
La tensión política en Venezuela se disparó el pasado miércoles, cuando Guaidó se autoproclamó presidente encargado ante cientos de miles de simpatizantes, al adjudicarse las competencias del Ejecutivo ante la “usurpación” que, considera, hizo Maduro de la Presidencia.
El líder chavista se impuso con holgura en los comicios de mayo pasado, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos.
Por ello, el antichavismo afirma que “usurpa” la Presidencia, al estimar que su segundo mandato de seis años es “ilegítimo” y, por tanto, el Poder Ejecutivo recae en el jefe del Parlamento hasta que sean convocadas nuevas elecciones, según la interpretación que hacen de los artículos 233, 333 y 350 de la Carta Magna.
