La Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS) sostiene que con su aprobación “se percibe una clara intención de imponer reglas a un territorio soberano, como lo es el paraguayo”.
También califica a la normativa como una ”amenaza” al sector productivo y que utiliza el medioambiente para “solapar” su interés por proteger el mercado europeo.
“Serán los más afectados con las medidas implementadas por el reglamento. Incidirá a todas luces sobre los pequeños y medianos productores, imponiéndose sobrecargas costosas que no se encuentran en condiciones de asumir”, expresa la APS.
Sobre esa misma línea, el gremio Ñemity de Agricultura Familiar emitió un comunicado en el que, si bien reconoce que se trata de una ley autónoma de la organización europea, consideran que con ella condicionan a los países de la región a aceptar su aplicación extraterritorialmente para la firma del acuerdo con Mercosur. “Ante el fracaso como bloque, ahora busca concretarlo país por país”, reza el texto, al tiempo de afirmar que también “vulnera el principio de soberanía”.
