Preocupados por la imagen del país y la economía, distintos gremios y organizaciones emitieron comunicados para sentar postura ante el escándalo de corrupción y tráfico de influencias que afectan al Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
El escándalo deriva del peritaje del teléfono del fallecido diputado Eulalio Gómez, que reveló supuestos hechos de corrupción que involucra a autoridades del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), jueces y fiscales.
El Centro de Importadores del Paraguay (CIP), al tiempo de expresar su “profunda preocupación” solicita una investigación objetiva, exhaustiva y urgente por parte del Ministerio Público. Asimismo, es imperativa la depuración inmediata de las instituciones involucradas, garantizando que jueces, fiscales y miembros del JEM actúen con independencia, ética y transparencia. “La confianza se construye con mil actos y se destruye con solo uno, y aquí lastimosamente son muchos más que uno”, señala el comunicado.
DENDE. Por otro lado, la organización Desarrollo en Democracia (Dende) expresa formal y firmemente su repudio y su apoyo irrestricto a la democracia y al fortalecimiento de las instituciones, que son pilares inequívocos del bienestar de nuestra patria.
“Exigimos la recuperación de la independencia del poder político, de la decencia y la transparencia de nuestro Sistema Judicial, último baluarte de defensa de nuestros derechos como ciudadanos, que hoy se encuentra corroído por los poderosos sistemas mafiosos. Rechazamos el país que están intentando imponernos e instamos a las instituciones responsables a actuar conforme a derecho, por el bien de nuestro querido Paraguay”, expresa.
Cncsp. En el mismo sentido, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) que nuclea a varios gremios, pide que “la política y la justicia no destruyan a la economía”. La CNCSP expresa su indignación hacia la manipulación de la política y justicia, “en beneficio de intereses particulares e incluso también en beneficio directo a grupos vinculados al crimen organizado”. Asimismo instan a las instituciones a que cumplan con su rol constitucional “ejerciendo el control y la disciplina que correspondan para reencauzar a nuestra República y restablecer el Estado de derecho. Basta de impunidad”.
“Cualquier logro económico queda destruido con la demostración de la inexistencia de seguridad jurídica, con poderes del Estado infectados por la corrupción, tráfico de influencias, y vinculaciones con el narcotráfico”, expresa su comunicado.
CAP. Otro gremio que se pronunció ante la crisis institucional es la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), que expresó su “profunda preocupación”.
La organización expresó que el Estado de derecho es el pilar fundamental de toda sociedad democrática.
“Frente a esta grave situación, instamos a las autoridades a realizar una investigación urgente, exhaustiva y transparente sobre los hechos de corrupción denunciados, exigimos que dicha investigación concluya con sanciones ejemplares para los responsables, restaurando la confianza en el sistema judicial y el respeto a la legalidad”, expresa el comunicado.
