La crítica situación generada por la deuda del Estado con las empresas constructoras no responde a un problema coyuntural, sino al agotamiento de un modelo fiscal estructuralmente limitado. Esta fue la principal conclusión expuesta por los economistas Amílcar Ferreira y Jorge Garicoche durante el conversatorio “Deuda del Estado, Economía y Seguridad Jurídica”, organizado por la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco).
El analista económico Amílcar Ferreira sostuvo que la crisis actual no sorprende y deriva directamente del diseño histórico del esquema tributario paraguayo. Recordó que Paraguay “apostó por ser un país de muy baja presión tributaria”, ubicándose entre los niveles más bajos del mundo, lo que implica consecuencias previsibles.
“Esta carencia de recursos no es coyuntural, es por diseño. Si vas a recaudar poco, el Estado debe ser extremadamente eficiente y limitarse a funciones esenciales, como seguridad y justicia”.
Ferreira comparó el modelo paraguayo con una aerolínea de bajo costo: “El pasaje es barato, pero con servicios mínimos”. En esa lógica, consideró que el desarrollo de infraestructura no debería depender del presupuesto público, sino de una mayor participación de la inversión privada mediante concesiones y alianzas público-privadas (APP). No obstante, lamentó que el país avance “demasiado despacio” en este camino.
“Obras como el aeropuerto internacional o la duplicación de rutas estratégicas deberían estar hace años bajo modelos APP. Pero seguimos sometiendo al Estado a responsabilidades que ya no puede asumir”, afirmó.
El economista advirtió que la acumulación de deudas con contratistas refleja el agotamiento del esquema vigente.
Recordó que en 2013, cuando Paraguay realizó su primera emisión de bonos, la deuda pública representaba el 10% del PIB; hoy ronda el 40%. “La deuda es cuatro veces la presión tributaria”, subrayó.
Más barato. Por su parte, el economista Jorge Garicoche cuestionó los incentivos que genera la actual estructura de intereses por mora. Señaló que mientras el Estado paga una tasa del 6% por atrasos, para financiarse en el mercado internacional debe afrontar tasas cercanas al 9%. “Hoy al Estado le es más barato atrasarse con los constructores que salir al mercado. Ese no es un tema menor”, advirtió.
A su criterio, esta distorsión traslada al sector privado un costo que debería asumir la administración central y evidencia la necesidad de una regla fiscal más clara, realista y cumplible. Recordó que la normativa vigente ya cuenta con varias excepciones que desvirtuaron su propósito original.
Garicoche insistió también en la importancia de mejorar la contabilidad pública, especialmente en el registro de activos recibidos por el Estado. “Cuando el Estado recibe un activo, ese hecho económico tiene que registrarse. No puede depender solo de la factura. Es necesario profesionalizar la contabilidad pública”, afirmó.
El economista citó ejemplos internacionales, como el caso de Grecia, donde el ocultamiento de pasivos con proveedores derivó en una deuda real mucho mayor que la declarada oficialmente. Por ello, sostuvo que el debate sobre la nueva regla fiscal debe incluir límites estrictos al crecimiento del gasto corriente y una mayor disciplina en la contabilización de los compromisos del Estado.
