El ex ministro de Hacienda César Barreto fue el orador central del conversatorio “Deuda del Estado, Economía y Seguridad Jurídica”, organizado por la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco). El evento, presidido por José Luis Heisecke, presidente del gremio, y moderado por Paula Carro, reunió a destacados economistas y referentes del sector, entre ellos Jorge Garicoche, Amílcar Troche, Humberto Colmán, Sergio Sapena y el vicepresidente de Capaco, Diego Lamar.
Durante su intervención, Barreto presentó un análisis crítico del origen y las implicancias de la deuda que el Estado mantiene con las empresas constructoras por obras públicas. Señaló que el problema no radica en la falta de recursos, sino en una deficiente gestión y en decisiones políticas que vulneran la previsibilidad económica.
En este contexto, Barreto advirtió que la coyuntura actual es consecuencia directa de la improvisación en el manejo del gasto público. Afirmó que el Gobierno implementó programas sociales de alto costo sin financiamiento genuino, utilizando ingresos transitorios para sostener iniciativas permanentes, lo que consideró fiscalmente insostenible. “Las autoridades no reconocen el problema ni buscan soluciones”, cuestionó, al señalar que la ejecución no gradual de estos programas contribuyó significativamente a la acumulación de deuda. Recordó que, aunque se recurrió a la emisión de bonos para saldar parte de las obligaciones, esta medida solo cubrió una fracción.
Otro punto destacado por el economista se refiere al aumento sustancial del número de policías –no previsto en el Presupuesto– como un factor adicional de presión sobre las finanzas públicas. Insistió en que el país necesita “previsibilidad en los contratos vigentes” para evitar distorsiones y crisis de confianza.
Retorno y riesgo. El ex ministro enfatizó que la inversión pública –particularmente la vinculada a infraestructura– tiene uno de los mayores retornos económicos y sociales. Por ello, consideró “muy grave” que el Estado esté retrasando pagos a las constructoras, lo que afecta no solo a las empresas, sino también a bancos, trabajadores y toda la cadena de proveedores.
“La construcción tiene un efecto multiplicador enorme, pero todo depende de la calidad de la inversión y de una buena planificación”, remarcó. Según su análisis, los retrasos actuales podrían derivar en una crisis financiera sectorial, especialmente en un momento en que el Gobierno parece priorizar programas sociales por encima de los económicos.
Para Barreto, esta falta de equilibrio puede generar consecuencias a mediano y largo plazo: “Si se privilegia demasiado lo social sin ordenar lo económico, el resultado puede ser contraproducente para el país”.
El economista también dedicó un tramo de su análisis a reflexionar sobre la resiliencia de las empresas paraguayas, subrayando que ninguna compañía debería quebrar porque el Estado –su principal cliente– deja de pagar. Comparó esta situación con la lógica del sector privado: “Si un proveedor es crítico, se lo protege”.
Previsibilidad. Barreto destacó que la estabilidad de la cadena de suministro es “un tema de seguridad nacional” y que la previsibilidad es imprescindible para que las empresas puedan proyectar su crecimiento. La falta de claridad del Gobierno en sus metas fiscales y en el manejo de la deuda, advirtió, está llevando a errores de planificación en el sector privado.
Aunque reconoció que Paraguay no enfrenta un escenario de default y que “el Estado siempre paga”, alertó que la desatención de un problema relativamente pequeño podría escalar y generar un daño mayor.
“La recuperación llevará años”
La actual situación fiscal del país podría prolongar por varios años la recuperación del gasto en inversión pública, debido a que el Estado atraviesa un “ajuste estructural” que modifica de manera permanente la composición del gasto, indicó Humberto Colmán, ex director del Banco Central del Paraguay (BCP), durante el conversatorio. “Estamos cambiando la composición del gasto público y eso durará mucho tiempo. Hay más gasto rígido, más gasto corriente y menos gasto en inversión”, afirmó. El economista comparó el escenario actual con el vivido en 2003, durante la aplicación del plan de stand by con el FMI. En aquel momento, la inversión pública se contrajo más del 50% en términos del PIB y tardó alrededor de cinco años en recuperarse, afirmó Colmán.
