El doctor Jorge Caballero, presidente de la Sociedad Paraguaya de Oncología Médica (SPOM), salió al paso de las declaraciones de la titular del Ministerio de Salud Pública, María Teresa Barán, sobre supuestos negociados de los médicos al recetar medicamentos bajo amparos judiciales a pacientes con cáncer.
El titular del gremio señaló que el amparo judicial no representa un negocio, sino una “medida desesperada” ante la falta de provisión estatal de medicamentos para el tratamiento de la enfermedad.
“Realmente consideramos poco acertadas, totalmente poco felices, porque lanzó una idea generalizada de que los oncólogos prescriben o que tendrían algún tipo de negociado con los recursos de amparo. Los médicos no ganan ni un solo guaraní por pedir un recurso a favor de los pacientes”, dijo de forma vehemente el médico en comunicación con radio Monumental 1080 AM este jueves.
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El médico insistió en que las declaraciones de la secretaria de Estado generan dudas. Afirmó que el recurso de amparo constituye una “medida desesperada” para acceder a ciertas medicaciones que el Estado no está proveyendo.
“Si partimos por generar dudas o la idea de que los médicos hacen una receta teniendo un beneficio económico, claro que destroza la confianza. Esto es algo muy grave”, añadió.
En otro momento de la charla, el oncólogo aclaró que los profesionales que tratan a una persona enferma de cáncer no tienen injerencia acerca de los fármacos disponibles para el tratamiento.
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“Estamos en las trincheras y el médico no dispone qué medicamento se va a comprar, el médico respeta lo que hay en farmacia, el médico es un eslabón ignorado a la hora de elegir, a la hora de comprar un medicamento”, recalcó.
Aclaró que las recetas se emiten por nombre genérico y no por marca comercial. Además, recordó que cada tratamiento a través de un amparo es evaluado rigurosamente por un comité médico multidisciplinario que incluye a oncólogos, cirujanos, paliativistas, entre otros, antes de ser enviado a la Justicia y al propio Ministerio de Salud.
El médico exigió a la ministra que, de existir indicios o pruebas de irregularidades con algún profesional de su gremio, acuda a las instancias judiciales y “no lanzar sospechas al aire”.
