El ingeniero Carlos Latorre, representante del Consorcio Yvága, integrado por Aponte Latorre Constructora SA y TR Construcciones SA y la asesora legal del Consorcio Patricia López Moreira denunciaron irregularidades en torno al llamado para el Hospital General de Asunción.
En una conferencia de prensa, ayer, hicieron referencia a la Licitación 465025 denominada Diseño, construcción y mantenimiento del Hospital General de Asunción por G. 368.779 millones (USD 51 millones).
“Presentamos la mejor oferta económica, la más baja, cumpliendo estrictamente con el Pliego de Bases y Condiciones, pero fuimos descalificados por el MOPC por medio de una decisión arbitraria, restrictiva e ilegal, que riñe contra la libre competencia, la igualdad de oportunidades, la transparencia y la seguridad jurídica”, fue lo que manifestaron.
“Sin embargo, el MOPC adjudicó la obra al Consorcio GHA que presentó un precio USD 11 millones más caro que nosotros; 26% por encima del precio referencial, sobre la base de una interpretación forzada y restrictiva del Pliego de Bases y Condiciones, solamente para nosotros”, expresaron.
El 6 de agosto el Consorcio Yvága presentó protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que suspendió el proceso. Ahora, el Consorcio se encuentra a la espera de que se expida sobre ese pedido para reabrir el período de evaluación de ofertas. “En estos días hemos tenido conocimiento a través de la prensa de la existencia de un memorándum interno del MOPC, que avala nuestra oferta económica y técnica, y es contraria a los fundamentos de la descalificación. Informamos a la ciudadanía que ayer de tarde (martes) levantamos al portal de la DNCP un pedido para que solicite al MOPC la remisión de dicho documento y se agregue al proceso de revisión actualmente en curso, considerando que es clave para esclarecer las irregularidades que son objeto de investigación en el marco de la presente protesta”, alegaron.
IRREGULARIDADES. Según se observa en el comunicado, el MOPC habría recurrido a modificaciones encubiertas del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), vía consultas, negativa sistemática a prórrogas, exigencias financieras desproporcionadas, reducción arbitraria de la experiencia específica y exigencias técnicas irrelevantes, para descalificar a nuestra empresa que presentó la oferta más baja, cumpliendo con todos los requisitos del PBC.
“El contraste entre los estudios preliminares inclusivos y el manejo restrictivo en la licitación evidencia una irregularidad grave. Se alteraron las condiciones de participación en forma extemporánea y sin la herramienta jurídica adecuada”, remarcaron.
“Este hecho afectó la libre concurrencia y derivó en la exclusión indebida de un oferente, vulnerando principios fundamentales de transparencia y legalidad. Se insta a la prensa, a la sociedad civil y a los órganos de control a tomar conocimiento de estas prácticas, que afectan el buen uso de los recursos públicos”, fue lo que concluyeron, en torno a la situación.
